Argentina: hay 124 leyes secretas

La existencia de esta legislación no es novedosa pero no era tan difundida su vigencia. Salió de las tinieblas cuando en el juicio por corrupción de la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray se quiso explicar parte de su enriquecimiento desmedido por haber cobrado jugosas remuneraciones «secretas» bajo el gobierno de Carlos Menem basada en una ley de los tiempos del régimen castrense encabezado en los años 60 por el teniente general Juan Carlos Onganía.

Ahora bien, se conoce el número de esa ley, la 18.302, que está vigente pero son muy pocos los que conocen su articulado: sólo los funcionarios públicos ligados al área sobre la que legisla la norma pueden acceder a su contenido.

Menem aceptó primero y luego negó que haya abonado a sus principales colaboradores sobre sueldos fabulosos. De todas maneras, el tribunal que juzgó a Alsogaray, calificó esos ingresos como ilegales.

A raíz de declaraciones en el tribunal que daban cuenta de la ley secreta en el Parlamento surgió una ofensiva destinada a terminar con su existencia en la que los senadores Diana Conti (Frentista) y Mario Losada (radical) han hecho punta con sendos proyectos que reclaman acabar con el misterio sobre toda la legislación sancionada como «secreta».

«Ninguna ley puede disponer que se convierta en secreto algo que pertenece a la República, ya que dicha información le pertenece al pueblo», afirma Losada.

Armas y anticomunismo clandestino

Se sumó el pedido de la jueza federal Clara Do Pico para que el Poder Ejecutivo informe sobre toda la legislación de esas características que se encuentra actualmente en vigencia. La magistrada hizo lugar a un amparo presentado por el abogado Ricardo Monner Sans, que calificó las leyes secretas como «un acto clandestino y antirrepublicano».

Hay algo que no se dice. El contenido de estas leyes clandestinas fue en ocasiones la compra de armamentos y fondos para la lucha anticomunista.

Lo concreto es que en la Argentina no existe andamiaje legal que ampare su existencia que no están contempladas por la Constitución nacional.

Sin embargo, este tipo de normas ha existido desde que en 1891, durante el gobierno de Carlos Pellegrini, se sancionó la ley que permitió la compra de fusiles Mauser. Han seguido engrosando hasta llegar a las 124 leyes secretas que fueron sancionadas hasta 1981, año en el que se aprobó la última norma de ese tipo durante la presidencia de facto del entonces general Roberto Viola y de la que nada se conoce acerca de sus alcances.

El constitucionalista, Gregorio Badeni, fue terminante. «Para que una ley exista tiene que ser publicada; si no, no cumple con el requisito constitucional que le da vida a un documento jurídico», dijo.

Para la senadora Cristina Fernández de Kirchner esposa del jefe del Estado, calificar de secreta una ley «es un contrasentido, porque la norma basa su fuerza en la difusión».

Todas las normas secretas se encuentran guardadas en el Parlamento y en la Casa Rosada. En el primero están las aprobadas por gobiernos democráticos, junto a las versiones taquigráficas de las sesiones en las que fueron sancionadas. En tanto, la legislación secreta emitida durante los gobiernos de facto se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Si las leyes secretas no tienen sustento legal, la pregunta que surge de inmediato es por qué razón se mantienen vigentes. Las personas consultadas coincidieron en que no hay motivos para que permanezca el estado secreto de las leyes, aunque difieren en cuál debe ser el camino por seguir para terminar con el velo que cubre esas normas.

Un camino propuesto por constitucionalistas es aprobar una ley marco para el llamado Secreto de Estado. Otra alternativa sería la aprobación de una la ley de acceso a la información pública que propulso cuando era diputada Elisa Carrió, la líder del ARI y que cuenta con media sanción de Diputados.

Espera tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside la esposa del Presidente y cuya sanción prometió el jefe de Gabinete a la Asociación Periodistas que reclamó que se convierta en ley como paso para afianzar la libertad de prensa. *