Argentina: nueva ronda de negociaciones con acreedores

El Ministerio de Economía de Argentina proseguirá a partir de hoy su ronda de negociaciones con los acreedores privados, para comunicarle su última oferta, que ha sido descalificada por las asociaciones que dicen representar a los tenedores de bonos del país.

El propio presidente argentinos Néstor Kirchner aseguró que no habrá «repechaje» para los acreedores y que la última oferta «no tiene segunda vuelta, o la toman, o mala suerte».

La propuesta de Argentina mantiene la quita del 75 por ciento del capital, pero incluye el reconocimiento de los interes devengados desde diciembre del 2001.

La mayoría de las asociaciones de acreedores ya anticiparon su rechazo a la oferta argentina, que será oficializada ante los organismos bursátiles internacionales el viernes próximo, exigencia previa a cualquier eventual acuerdo.

El gobierno argentino tiene expectativas de alcanzar un acuerdo con el 60 o 70 por ciento de los acreedores privados, reconociendo como máximo el pago de una deuda externa de 43.200 millones de dólares hasta el 2044.

La nueva ronda de negociaciones incluirá entrevistas con la Comunidad de Intereses en la Argentina en Alemania y la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default.

Aunque todavía no está confirmado, se aguarda también una reunión con los directivos del poderoso grupo del Comité Global de Tenedores de Bonos de la Argentina, que encabeza el banquero italiano Nicola Stock.

Stock prometió recurrir a la justicia para embargar al país y adoptó una posición beligerante.

El grupo de Stock asegura representar a bonistas que tienen una cartera de 37 mil millones de dólares y fue el primero en salir a fustigar la oferta de pago mejorada que el martes pasado anunció el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Los funcionarios económicos de Argentina se reunieron con el viernes con la Argentine Bond Reestructuring Agency (ABRA) y constituyó el primer encuentro de este tipo tras el anuncio de la nueva oferta.

El ministro Lavagna anticipó que aquellos bonistas que no acepten el acuerdo «podrán recurrir a las acciones legales» pero por su tono de voz, dio a entender que los juicios contra el país no constituyen una preocupación mayúscula. *