Kirchner insiste con sus denuncias

La investigación quedó a cargo del juez Juan José Galeano que está al borde de ser enjuiciado por el Consejo de la Magistratura por las carencias de su investigación del atentado contra la sede de la mutual AMIA, en 1994. Un tribunal oral debe dar a conocer las conclusiones de un largo juicio que se teme, termine en casi nada.

El juez ha sido designado por sorteo, pero no es una buena noticia para Kirchner. Galeano tiene un enfrentamiento fuerte con la senadora Cristina Fernández, esposa del Presidente, ya que como legisladora siguió atentamente el expediente AMIA y su intervención en el tribunal oral que sigue el caso, fue letal para Galeano.

Kirchner insiste en discursos ante diversos auditorios en la supuesta existencia de sectores desestabilizadores, sobre los que no dio mayores precisiones. Afirma que «están al acecho algunos sectores políticos y económicos que buscan enfrentarlo con la sociedad», su principal sostén «para inviabilizar cualquier cambio».

«Cada vez que se ha tomado una determinación, hay seis o siete sujetos que siempre hablan y obviamente son financiados por grupos económicos, por determinadas escuelas económicas, que son los responsables de las cosas que sucedieron en el país», aseguró Kirchner.

Kirchner pone el énfasis en el incendio, intencional según las pericias, del sector que automatiza el ferrocarril ex Roca, y que ha dislocado el servicio irritando a medio millón de sus pasajeros diarios. Incluso se ha confeccionado un identikit del supuesto saboteador.

Al mismo tiempo, en la Capital Federal se han producido extraños asaltos perpetrados por personas muy sofisticadas, que hace suponer al gobierno que las bandas podrían estar conformadas por policías purgados hace poco, dentro de la política de acabar con la impunidad.

Los asaltos han recreado una gran sensación de inseguridad cuando las estadísticas señalan, por el contrario, que el número de delitos graves ha caído.

En el gobierno no caben dudas de que el atentado en el ferrocarril y los asaltos tienen el objetivo común de golpear al Presidente, como impotente para manejar los servicios públicos y garantizar la seguridad de las personas.

El fiscal Stornelli justificó su pedido «ante la posible comisión de hechos delictivos que podrían estar sucediendo en el ámbito de la policía y/o sectores políticos y económicos por personas aún no individualizadas que, según las manifestaciones públicas del presidente Kirchner, pretenderían desestabilizar el gobierno».

Mientas el ministro del Interior, Aníbal Fernández, prometió precisiones sobre las denuncias «elípticas» del Presidente, los dos principales líderes de la oposición salieron a criticar las expresiones de Kirchner.

La titular del ARI, Elisa Carrió, y el presidente de Recrear, Ricardo López Murphy, coincidieron en la inconveniencia de los dichos del primer mandatario. Carrió juzgó como un «síntoma de debilidad» las advertencias del Presidente, pidió al mandatario que «se calme» y sostuvo que ese tipo de denuncias «siempre le sirve a los gobiernos para poner de su lado a la población, sobre todo en momentos críticos». «No hay que creerle mucho a este gobierno en las palabras», arremetió la ex legisladora, aunque admitió que «puede haber algo de cierto» en las denuncias oficiales acerca de que un sector policial «puede estar vengándose por alguna purga», rechazó la posibilidad de «una conspiración de magnitud».

Por su parte, López Murphy advirtió que si el Presidente «tiene elementos de juicio» que lo convenzan de que hay sectores «al acecho» para desestabilizarlo, «debe hacer las denuncias penales y esclarecer ante la opinión pública sin ninguna cuestión ambigua ni abstracta», porque de esa manera -dijo- está creando «un clima inadecuado para la República».

Bueno, es lo que ha hecho el fiscal Stornelli. *