Gobierno chino se blinda ante la filtración que evidenció violaciones a los derechos humanos

El gobierno regional de la provincia de Xinjiang, al oeste de China, estaría eliminando documentos, borrando datos, reforzando controles a la información y realizando reuniones de alto nivel como respuesta a las filtraciones de documentos secretos en los cuales se da cuenta de campos de detención masiva contra personas de la etnia musulmana uigur y otras minorías, según publica Associated Press.

Altos funcionarios deliberaron sobre cómo responder a las filtraciones en las reuniones en la sede regional del Partido Comunista Chino en Urumqi, la capital de Xinjiang, dijeron fuentes confidenciales citadas por AP, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias contra ellos mismos, su familiares o allegados.

Las reuniones empezaron el mes pasado, un día después de que el diario The New York Times publicó discursos y conversaciones internas en las cuales se cita incluso al presidente chino Xi Jinping. Sumado a esto, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación trabajó con organizaciones de noticias de todo el mundo para publicar un reportaje en donde se evidenciaron las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado chino.

Ni los funcionarios cercanos al mandatario ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han negado directamente la autenticidad de los documentos filtrados, sin embargo el jefe del Partido Comunista de China en Urumqi, Xu Hairong calificó los reportes como «manchas distorsionadas y maliciosas».

El gobierno de Xinjiang ya había ordenado controles más estrictos sobre la información en octubre, antes de los informes noticiosos, según tres personas citadas por AP, todos miembros de la etnia uigures que viven fuera de Xinjiang.

Persecución y exterminio

Los documentos clasificados filtrados exponen cómo el gobierno chino está persiguiendo, exterminando y adoctrinando a miembros de la etnia musulmana uigur, que en su actualidad tiene 11 millones de personas.

Torres de vigilancia, puertas de metal, cercos dobles y cientos de cámaras, que se asemejan más a los componentes de una estructura carcelaria que a las de un «centro educativo», como lo llama el gobierno.

Los más de 1 millón de uigures y otras minorías, detenidos en estos campos de concentración son violentados para que olviden sus dialectos propios y aprendan a hablar el mandarín, además de ser obligados a seguir una serie de «buenos modales» establecidos por las autoridades. Un sistema de puntos determina cuándo se pueden ir de esos claustros, cuando estén suficientemente alineados con lo que el gobierno considere socialmente aceptable.

Ex detenidos han descrito estos complejos como centros de reeducación ideológica y readecuación conductual forzada que funcionan en secreto.

Los documentos clasificados exponen la estrategia deliberada del gobierno chino para encerrar a las minorías étnicas incluso antes de cometer un delito, para readaptar sus pensamientos, prácticas culturales e idioma.

Los documentos también muestran cómo Pekín es pionera en una nueva forma de control social utilizando datos e inteligencia artificial. Basándose en la información recopilada por la tecnología de vigilancia masiva, las computadoras emiten los nombres de decenas de miles de personas que son interrogados o detenidos sin causa aparente, solamente por tener ciertas características faciales, físicas o socialmente contextuales.

Los expertos dicen que toda la filtración en su conjunto muestra un vasto sistema que apunta, vigila y califica a etnias enteras para asimilarlas y someterlas a la fuerza a la cultura china.