Israel deportará a director local de Human Rights Watch por sus críticas al gobierno
El tribunal respaldó al gobierno en su decisión de expulsar del país al director local de la organización de derechos humanos.
El máximo tribunal de Israel confirmó la decisión del gobierno de Benjamín Netanyahu de deportar al director local de Human Rights Watch (HRW) por su presunto apoyo a un movimiento de boicot, poniendo fin a un caso histórico de larga duración que cuestionó la capacidad del país para expulsar a sus críticos.
Omar Shakir, ciudadano estadounidense, ahora tendrá 20 días para abandonar Israel y los territorios palestinos o enfrentar la deportación, según confirmaron a los medios desde su defensa.
Shakir escribió en Twitter que si él fuese expulsado, Israel se uniría al grupo de Irán, Corea del Norte y Egipto que bloquean el acceso al personal de Human Rights Watch. “No nos detendremos. Y no seremos los últimos” , sentenció.
HRW ha calificado los intentos del gobierno de deportar a Shakir -que llevan casi un año- como una señal de que Israel buscaba suprimir las críticas a las acciones de la administración Netanyahu.
Ley mordaza
Shakir será expulsado de Israel de forma legal por una polémica ley de 2017 que permite al gobierno bloquear la entrada a personas que apoyan un boicot a Israel o asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada.
Los críticos de la legislación dicen que fue diseñada para criminalizar el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS). Grupos de derechos humanos dicen que esta pisotea la libertad de expresión pues ya ha sido aplicada contra críticos y activistas.
Recientemente, Israel bloqueó y prohibió la entrada a dos congresistas estadounidenses, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes quienes tenían un viaje planeado a Palestina y Jerusalén. Dichas legisladoras habían dicho públicamente que apoyaban el uso del boicot para presionar a gobierno, incluido el de Israel, en caso de que estos violaran los derechos humanos. También buscaron aprobar una resolución en la Cámara de Representantes que defiende el derecho a participar en boicots, pero no prosperó.
HRW dice que el caso Shakir es paradigmático, ya que es la primera vez que el gobierno utiliza la legislación anti-BDS para tratar de deportar a alguien que trabaja legalmente en el país.
Shakir insiste en que no ha ejecutado, impulsado o participado directamente en ningún tipo de boicot contra Israel durante su tiempo en HRW.
Otras organizaciones, como Amnistía Internacional, ya se sumaron a la protesta por la expulsión.
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