EE.UU. negará la ciudadanía a inmigrantes que reciban ayudas sociales

El Gobierno estadounidense anunció este lunes una norma que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país.

La nueva normativa facilita el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como «green cards» («tarjetas verdes»), o de algunos visados y está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.

La medida será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles y entrará en vigor 60 días después de su publicación.

A través de ella el Gobierno de Donad Trump podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una «carga pública» para la Administración, es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.

Es decir que una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

«Una vez que esta nueva legislación sea implementada y se haga efectiva a partir del 15 de octubre, los funcionarios migratorios van a considerar que si un extranjero recibió o recibe algunas de las ayudas señaladas, será considerado como un factor negativo al examinar su caso», explicó Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

«Esta acción va a ayudar a asegurar que si un extranjero entra o permanece en Estados Unidos deba mantenerse a sí mismo y no depender de ayudas sociales», señaló categóricamente el gobierno en un comunicado. «Una gran cantidad de personas que no son ciudadanas, se aprovechan de un sistema de ayudas generoso, con recursos limitados que de otra forma podrían ir hacia estadounidenses vulnerables», expresa el texto oficial.

Rechazo

El Comité Nacional Demócrata (CND) criticó la medida y consideró a través de un comunicado que «lo único que el presidente quiere hacer es atacar a las comunidades latinas e inmigrantes».

«El apetito de crueldad de esta administración es insaciable, y esta nueva regla es la más reciente intensificación de su agenda anti-inmigrante», agrega el documento.

El Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) por su parte anunció que presentará una denuncia por la nueva norma ante la justicia.

BREAKING: the Trump admin just finalized its "public charge" rule—a race motivated wealth test on immigrant families seeking a healthy, stable future in the US. If this goes into effect, it would have a devastating impact on millions.

We WILL fight back. Stay tuned for updates. //t.co/o0ONPqPBLu

— National Immigration Law Center (@NILC) August 12, 2019

Marielena Hincapié, directora ejecutiva de la asociación, señaló que el daño de esta política «se sentirá durante décadas». «Esto va a tener un impacto humanitario directo forzando a algunas familias a recurrir a ahorros vitales para cubrir necesidades de salud y de nutrición», expresó.

Por su parte Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Asociación Nacional para los Nuevos Americanos, (NPNA), consideró que esta nueva regla es «cruel y discriminatoria».

«Durante toda la historia de Estados Unidos, algunos inmigrantes han sido explotados efectuando trabajos por los que se rompen la espalda por un salario muy bajo. Ahora el gobierno de Trump los va a penalizar por ser pobres», lamentó.