Terminó el juicio contra los independentistas catalanes en España

Este miércoles, tras cuatro meses y 52 sesiones, terminó el proceso judicial contra doce referentes sociales y políticos catalanes que fueron juzgados por rebelión por haber impulsado y ejecutado un referéndum para declarar la independencia de Cataluña del Estado español a pesar de que el Tribunal Constitucional había prohibido su realización.

La Fiscalía española considera que al realizarlo de todas maneras cometieron el delito de rebelión, definido como una actuación con violencia contra el Estado, castigado con penas de diez a 30 años de prisión.

El 27 de octubre de ese mismo año el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia de Cataluña.

Durante la última sesión del juicio la sala escuchó las conclusiones de los abogados defensores y la última palabra de los acusados, cada uno de los cuales dispuso de 15 minutos a tal efecto.
En su intervención todos defendieron su actuación, aseguraron que no pretendían cometer delitos contra el Estado y llamaron al diálogo.

“No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice lo volvería a hacer. Acepto mis actos y también las consecuencias”, dijo Jordi Cuixart, líder de la organización independentista Òmnium Cultural. “Puedo haber cometido errores, pero en ningún caso he comprometido la seguridad de las personas”, dijo por su parte el ex ministro del Interior de Cataluña, Joaquim Forn.

“El Poder Judicial no puede resolver un problema político”, aunque ahora los magistrados tienen la “responsabilidad de no agravar la crisis”, dijo Jordi Sánchez.

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, dijo “creo sinceramente que lo mejor para todos […] sería devolver la cuestión al terreno de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Quienes debieron entender esto no lo hicieron y se lo traspasaron a ustedes, los jueces”, agregó.

Sentencia

Desde la Fiscalía argumentaron que, aunque no haya habido violencia física, se intentó violentar la parte de la carta magna que dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

Ahora solo resta esperar la sentencia, la cual se espera que pueda conocerse en unos meses.

Los acusados podrían ser condenados por los cargos de rebelión, sedición, y/o malversación de fondos, que suponen penas de hasta 30 años de cárcel.