Perpetua para ex general argentino

Ese dictamen del más alto tribunal de la justicia de Italia, permite ahora, tras el establecimiento de una sentencia firme, que el gobierno de ese país pida a Argentina la extradición de Suárez Mason y, por extensión, del ex general Santiago Omar Riveros y de cinco ex miembros de la Prefectura Naval.

Los siete represores –Suárez Mason y Riveros con sendas condenas a cadena perpetua, y Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado y Roberto Julio Rossin cada uno con penas de 24 años de prisión– fueron enjuiciados en Roma por secuestro, torturas y asesinato de ocho ciudadanos italianos.

La sentencia de primera instancia encontró «culpables» de sus secuestros, torturas y asesinatos a los siete represores y reunió los delitos «por la identidad del proyecto criminal».

En marzo de 2003, la I Corte Penal de Apelación romana ratificó la sentencia, apelada luego por el abogado italiano de Suárez Mason, Marcello Melandri, quien alegó procedimientos inadecuados.

Esa apelación fue rechazada esta tarde por la I Corte Penal de Casación, presidida por Renato Teresi, tras varias horas de deliberaciones.

Los cinco miembros de ese tribunal supremo habían escuchado durante la mañana, a partir de las 10 hora local (8 GMT) las detalladas arengas del fiscal general, Mario Fraticelli, de los abogados de los Familiares, Giancarlo Maniga y Marcello Gentili, del Estado italiano, Giovanni De Figueiredo, y del defensor de Suárez Mason.

El eje del debate fue el artículo 8 del Código Penal de Italia, que permite juzgar en ese país delitos políticos cometidos fuera de él contra sus propios ciudadanos.

Los otros tres puntos en discusión -la ausencia de Suárez Mason durante el proceso, la presunción de «cosa juzgada», y la supuesta necesidad años atrás de una aprobación ministerial- si bien fueron minuciosamente tratados, en ningún momento perturbaron a los abogados de las víctimas.

El fiscal general, primero en exponer ayer, fue categórico sobre los cuatro puntos, y expresó que Suárez Mason fue voluntariamente contumaz, que nunca hubo sentencia contra él en Argentina, que dos ministros de Justicia habían avalado el juzgamiento, y que como establece el artículo 8 del Código Penal, se trataba de delitos políticos cometidos contra el interés nacional italiano. «La ley es igual para todos», sentencia una leyenda inscripta sobre el sillón del presidente de la Corte, y otra, en el centro de su escritorio, establece que «la Justicia es administrada en nombre del pueblo», dos frases que emocionaron ayer a las familias de las víctimas, algunas llegadas desde Argentina a Roma esta semana para asistir a la audiencia, que cierra un doloroso camino en busca de justicia.

El juicio se inició en enero de 1983 y tuvo a partir de entonces un prolongado desarrollo, en el que no faltaron los pedidos de archivo y la falta de colaboración de las autoridades del país sudamericano.

Las audiencias orales y públicas celebradas en el año 2000 en la sede tribunalicia de la cárcel de Rebibbia, en los alrededores de Roma, vieron desfilar a numerosos testigos, entre ellos al ahora secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, el dirigente sindical de ese país Víctor De Gennaro, y el ex cónsul italiano en Buenos Aires (1977-79) Enrico Calamai.

Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Angela «Lita» Boitano, representante de familiares de Italianos Desaparecidos en Argentina, Mario Villani, sobreviviente de varios centros ilegales de represión -los militares lo mantuvieron sucesivamente secuestrado en al menos cinco campos clandestinos-, también fueron testigos de cargo en el otoño boreal de 2000.

Tras varios meses de sesiones, la II Corte Penal de Roma dictó sentencia en primera instancia el 6 de diciembre de ese año, por el secuestro, torturas y asesinato de Laura Carlotto, de origen véneto, y la apropiación ilegal del bebé que dio a luz durante su cautiverio, al que pensaba llamar Guido y del que se ignora el destino. *