COMUNICADO

Amnistía Internacional expresó preocupación por la política de seguridad de Argentina

Amnistía Internacional manifestó preocupación por el uso de pistolar Taser en Argentina, el proyecto para bajar la edad de imputabilidad y "la asociación de la migración con la criminalidad”.

Amnistía Internacional expresó preocupación por la política de seguridad de Argentina.
Amnistía Internacional expresó preocupación por la política de seguridad de Argentina.

Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación con relación a los últimos anuncios sobre la política de seguridad que compromete la responsabilidad del Estado argentino.

“El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”, manifestaron a través de un comunicado.

Desde el organismo internacional criticaron el proyecto de la baja de la imputabilidad impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Esta necesaria reforma no puede hacerse de cualquier modo. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”, afirmó la titular de AI Argentina, Mariela Belski.

Y agrega que en ese sentido y atendiendo estas recomendaciones, llama la atención la propuesta de baja de edad de imputabilidad presentada, ya que representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos.

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Pistolas Taser

En el comunicado también se critica el uso de las pistolas Taser (armas de electrochoque).

Según el texto desde AI estudian desde hace tiempo el uso de ese tipo de armas y destacan dos preocupaciones principales en materia de derechos humanos, que han sido compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU.

En primer lugar, se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas. En segundo lugar, las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona.

“Esto último es bien relevante. El punto es cómo el gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, señaló Belski.

Migrantes

Otro de los puntos que preocupan al organismo internacional tiene que ver con “la asociación de la migración con la criminalidad”. Según manifiesta las declaraciones de Bullrich se basan “en estadísticas tergiversadas” que “insisten en abordar a la migración desde un paradigma de seguridad y punitivo”.

“A diferencia de lo anunciado a los medios, la totalidad de personas extranjeras detenidas en Argentina no es de 20% (del total de presos), sino que es de cerca del 6%, cifra que no se ha incrementado en los últimos años”, recuerda AI.

Al tiempo que señalan que el gobierno argentino “debe promover la regularización y la garantía de los derechos de las personas migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un enfoque de derechos humanos”.

Finalmente, por todo lo expuesto, Amnistía “considera imperioso que el Gobierno respete los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de seguridad, escenario en donde en muchos casos se trata de la vida y la libertad de las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables”.

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