Izquierda argentina denuncia que buscan aislarla en la capital

Ahora ya hay acuerdo entre los bloques de la Alianza, Nueva Dirigencia y el Partido Justicialista para sancionar en la primera quincena de julio la Ley de comunas, como lo informó la presidenta de la Comisión de Descentralización de la Legislatura local, Liliana Chiernajowsky de la Alianza y esposa del vicepresidente de la Nación y líder del Frepaso, Carlos «Chacho» Alvarez.

«Existe la voluntad política de sancionar la ley antes del 6 de agosto, expresada en un acuerdo de todas las bancadas», y señaló inequívocamente que no se aguardará ese día cuando lleguen los flamantes legisladores y donde la Alianza ya no tendrá mayoría ni interlocutores como para conseguir la mayoría calificada.

La división del territorio porteño en 18 comunas, gobernadas por una Junta integrada por un presidente y seis vocales serán elegidos por el voto directo, a partir del año 2001. Las fuerzas de izquierda que integrarán la Legislatura porteña a partir del 6 de agosto denunciaron «una maniobra antidemocrática» de los actuales miembros de la Legislatura porteña.

El secretario general del Partido Comunista, Patricio Echegaray, a nombre de la Izquierda Unida acusó a la Alianza, el PJ, Nueva Dirigencia y al cavallismo, de «tener un estilo e intencionalidad menemista.

Empujan sin debate la aprobación de leyes que son negativas para los intereses de la mayoría». Chiernajowsky salió al cruce de esas expresiones: «Es un acto de soberbia. Tenemos mandato constitucional y hace más de dos años que venimos elaborando estas leyes».

Lía Méndez, del Partido Humanista, criticó la actitud de la Alianza y señaló: «los mismos que se quejaban de Menem ahora pretenden dejar maniatado al gobierno que viene». A su turno, Jorge Altamira, líder del Partido Obrero, denunció «una conspiración política» de los actuales legisladores.

El vicepresidente segundo del Parlamento, el aliancista Cristian Caram, rechazó esas acusaciones: «Es falso y malintencionado. Espero que no lleguen con esta actitud de no respetar los mandatos populares», indicó a la prensa.

Las aprensiones de la izquierda están relacionadas además con la reforma electoral. Hasta ahora, la Legislatura tiene sesenta miembros, pero en el futuro se reducirán a la mitad los elegidos por la ley de representación proporcional y el resto por voto en cada circunscripción.

Este sistema puede sacar de la Legislatura a los partidos más pequeños. En la elección de mayo, el haber aplicado un sistema sin piso mínimo, catapultó a las bancas al menos a cuatro de los seis diputados de la izquierda. Unicamente los dos de la Izquierda Unida superaron el tradicional piso del 3% y habrían podido poner a los suyos en ese cuerpo deliberativo. La izquierda histórica cree que se busca disminuir (o anular) su presencia en las comunas y en la Legislatura.

En rigor, la reforma política y electoral viene siendo discutida desde hace varios años. Aunque el consenso anunciado es muy fresco.