La ONU alerta sobre la ola de privatización de servicios básicos, impulsada por el FMI y el BM

La privatización generalizada de los bienes públicos vulnera sistemáticamente la protección de los Derechos Humanos en muchas sociedades, alertó el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza, Philip Alston.

Y recordó que dicha privatización provoca una mayor marginación de aquellos que viven sumidos en la pobreza.

Alston criticó que esa ola de privatización ha sido impulsada, “no solo por los Gobiernos y por el sector privado, sino también por organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial».

Incluso las Naciones Unidas ha impulsado este tipo de privatizaciones de servicios básicos «sin tener en cuenta las implicaciones o consecuencias para las poblaciones más pobres», consideró.

«Privatizar las prisiones, la educación, la sanidad y otros bienes públicos esenciales no puede hacerse a cambio de tirar por la borda las protecciones de los Derechos Humanos», aseveró.

Alston presentó un informe sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos (DDHH) este domingo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y en él señala que con la privatización de servicios básicos “la igualdad y la no discriminación quedan inevitablemente relegadas a un segundo plano”.

I have a new report out today that finds widespread privatization of public goods in many societies is systematically eliminating human rights protections & further marginalizing those living in #poverty: //t.co/pQTWEA0L6i pic.twitter.com/NhB42hoXLm

— Philip Alston (@Alston_UNSR) 19 de octubre de 2018

«Los estados no pueden faltar a sus obligaciones en materia de protección de Derechos Humanos al delegar ciertas funciones en compañías privadas bajo términos que saben que socavarán los derechos de algunas personas», manifesta el informe.

A su entender “la privatización acabó convirtiéndose en una ideología de la gobernanza. El objetivo prioritario de la privatización es el beneficio económico. Las personas pobres, necesitadas o con problemas, quedan marginadas. El cuidado, la compasión, la interacción social, la solidaridad y la comunidad, entre otros, se ven como conceptos ajenos que corresponden a otros ámbitos (políticos)”, agrega en su texto el relator especial de la ONU.

También señala que quienes defienden la privatización argumentan que con ella se ahorra dinero y se garantiza la eficiencia, pero que sin embargo las pruebas muestran que en muchas ocasiones eso no es así.

El experto de la ONU alertó que la defensa de los Derechos Humanos no figura entre los criterios a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo acuerdos de privatización. «No existen mecanismos de verificación de Derechos Humanos adecuados para lidiar con los desafíos que supone la privatización a grandes escalas», afirmó.

«La comunidad internacional no puede seguir ignorando las consecuencias de la privatización y la necesidad de repensar su implantación», subrayó.
«Existe un riesgo real de que las olas de privatización registradas hasta la fecha se vean seguidas por un tsunami», concluyó.