Suspenden por tercera vez juicio por asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

Un tribunal hondureño suspendió el viernes por tecera vez el comienzo del juicio por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, debido a que la familia presentó una nueva recusación contra los tres jueces que integran el tribunal, según informaron medios locales.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COINH), fue asesinada cerca de la medianoche del 2 de marzo de 2016, luego de impedir con manifestaciones que se construyera una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, al oeste de Honduras.

Las ocho personas acusadas por el crimen llegaron a la sala de juicios con fuerte custodia policial; en el lugar estaban ya presentes los acusadores de la Fiscalía y los abogados defensores de los imputados, sin embargo, la presidenta del tribunal, Ester Flores, anunció que la audiencia quedaría suspendida de nuevo por la recusación de los familiares de Cáceres.

“Los acusadores privados (familia de Cáceres y COINH) han interpuesto (…) un recurso de amparo” y, por lo tanto, “no se puede dar inicio al juicio oral y público”, dijo la jueza.

Tercera suspensión

Flores aseguró que la sala competente se pronunciará en los próximos días si se admite o no el recurso de amparo presentado el viernes.

Las dos primeras ocasiones en que se suspendió el juicio también fue por recusación de la familia a tres jueces de la sala, algo que no pone contentos a los acusados y su defensa.

Jair López, abogado del acusado Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos (DESA), dijo a la agencia de noticias AFP que el tribunal tiene que empezar el juicio lo antes posible para poder lograr “una justicia pronta, efectiva y en un plazo razonable”.

Las recusaciones de la familia de Cáceres tienen como sustento que los miembros del tribunal han rechazado en varias ocasiones solicitar al Ministerio Público que aporte todas las pruebas que tiene contra los acusados. Ellos aseguran que dicho ministerio esconde una parte sustancial de la evidencia con el fin de favorecer a los ejecutivos y a las grandes empresas socias de DESA.

Junto con Rodríguez están acusados el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo (cuyo juicio se lleva por aparte) y otros empleados de seguridad de la compañía.