Una prueba para Néstor Kirchner

El Presidente Néstor Kirchner recibió un sacudón con la gran manifestación contra la inseguridad que se cobijó detrás de la dramática convocatoria de Juan Blumberg, ya conocido como «padre coraje» que juró no descansar hasta conseguir justicia por el crimen de su hijo Axel a manos de secuestradores con posibles conexiones con la policía bonaerense.

En el gobierno tienen otra opinión e incluso suponen que el efecto de la movilización se irá diluyendo, que no se trata de «ir a un mitin y ya está, sino de involucrarse» y hurgan razonablemente en los dividendos que pueda sacar la derecha que, para desgracia del espacio progresista y de izquierda, casi siempre copa la banca cuando de seguridad se trata, aunque sus políticas, ya lo sabe el país con sus viejas tragedias, a la postre, la incrementan o profundizan la impunidad.

Es probable que por ahora no sea más que un aviso, que no haya un antes y un después de la concentración, una línea divisoria que tiene adeptos. Sea así o no, se abre un tiempo distinto y en lo inmediato el más perjudicado no sería el gobierno nacional, sino el bonaerense, donde su gobernador, Felipe Solá, no acierta en políticas y personas para encarar el tema. Pero a Kirchner se le abren frentes muy seguidos (que no elige o sea, que pierde el dominio de la agenda) y debe moverse en arenas movedizas porque las cosas transcurren en una sociedad donde se entrecruzan los intereses y de ahora en más la derecha que no le perdonará jamás su orientación judicial o sobre la impunidad, lo esperará una y otra ocasión para cobrarle cuentas.

Con el pasado trágico cercano, cada muerte emblemática cambia radicalmente hasta situaciones cristalizadas. Lo exhibe la flamante intervención a la provincia de Santiago del Estero precipitada por el asesinato de dos muchachas a manos de favoritos del poder. Antes, en los 90, algo parecido ocurrió en Catamarca. El crimen de José Luis Cabezas derrumbó el poder mafioso de un gran empresario y el del soldado Carrasco, tumbó al servicio militar. Más cerca, la injusta muerte de dos piqueteros a manos de la policía, obligó a Eduardo Duhalde cuando era primer mandatario a recortar su mandato.

Algunos de aquellos frentes, es verdad, son profundizados por el Presidente, como todo lo referente a derechos humanos que no sólo ha desnudado que aún es temprano para considerar que las FFAA quieren efectivamente terminar con el pasado, sino que, además, es un componente vital de la interna que se ha desatado dentro del Partido Justicialista en un malogrado congreso de días atrás, que quiso darse una conducción y hoy está más acéfalo y dividido que en el pasado reciente, un escenario que no viene mal a Kirchner.

Distintos episodios ligados al reciente aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, revelaron que en el Ejército, por caso, la justa exigencia presidencial de que sean retirados del Colegio Militar los retratos de dos de sus ex directores, Jorge Videla y Reynaldo Bignone, obligaron a que la faena la hiciera personalmente el titular del arma, Roberto Bendini, porque ninguno de los generales quiso hacerlo.

La más inquietante de las preguntas es si los militares, las nuevas generaciones, han asimilado realmente lo ocurrido con el terrorismo de Estado, más allá de discursos que lo repudian o que su inmensa mayoría consideran cadáveres a los caudillos del terror. Hay más interrogantes: por qué se demora la implementación de una política de Defensa, que fije el futuro papel de las FFAA y sobre todo cómo se irán formando sus cuadros. Es un debate tan abierto como en qué consistirá el Museo de la Memoria que ocupará los predios de la ESMA y que dio motivo el 24 de marzo a una de las ceremonias más emotivas que se recuerden cuando el Presidente entregó todas sus instalaciones para aquel objetivo. Pero sentimientos y racionalidad no es lo mismo: el pasado involucra no solamente a los organismos de derechos humanos. Sobre las décadas del 60 y 70 hay varias narraciones posibles, todas ellas en conflicto. Han pasado más de treinta años y seguirá habiendo posiciones encontradas. Beatriz Sarlo escribió que «resumirlas en la teoría de los dos demonios es sólo un modo demagógico y efectista de clausurar la discusión. No suscribo esa teoría y sin embargo, sobre la violencia de los años 70, tengo juicios diferentes a los de otros que tampoco la suscriben. Fui una militante de esos años y sé que no sólo tuve sueños humanitarios y generosos sino autoritarios y violentos; sé que la idea misma de ‘derechos humanos’ me era completamente ajena. Habrá historias de los años de la militancia; en mi opinión, deberán enfrentar el doble peligro del romanticismo y el sentimentalismo. Sobre todo, no habrá construcción de una verdad si la idea misma de construcción, es decir de aportes diferenciados que se ensamblen, es jaqueada por la intolerancia, un sentimiento comprensible en las víctimas directas, pero injustificable en los intelectuales, el Estado y el gobierno». Vale la pena reflexionar sobre este pensamiento.

El sayo le cayó también a Kirchner por sostener en esa ceremonia que dejará su impronta, que la lucha contra la impunidad ha sido inaugurada, de hecho, por el actual Gobierno, lo que no es históricamente así y revive el antiguo pensamiento de que todo lo fundacional viene de mano del peronismo.

Más aún, sus decididos pasos son posibles porque antes hubo juicios a las juntas militares promovidos por Raúl Alfonsín en acto, entonces en una relación de fuerzas internas muy diferentes a la actual, de trascendencia mundial. O porque civiles valientes conformaron la Conadep que investigó los crímenes de lesa humanidad y una Justicia que envió a la cárcel a los jefes del terror. O la autocrítica del general Martín Balza.

Es necesario detenerse nuevamente en esa ceremonia porque fue el pretexto formal que desató la vieja e inacabable interna dentro del Partido Justicialista. El veto virtual que hizo la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a ex funcionarios del menemismo que hoy son gobernadores o legisladores debió -piensan muchos- ser mediatizado por Kirchner aunque otros suponen que el Presidente precipitó la crisis que estalló en el congreso peronista porque, temprano o tarde, deberá dirimirse la política para el futuro del Partido Justicialista. Kirchner ha conseguido que casi todas las autoridades electas en ese cónclave, donde él fue tratado por una minoría, es cierto, de ‘infiltrado’, renuncien, sea como suponen algunos a «golpe de coparticipación» de los recursos financieros o por convicciones. Ha contado en esa ocasión con el sigiloso respaldo de Eduardo Duhalde, pero para que se congele un debate que se las trae: revisar la responsabilidad en el terrorismo de Estado de la tercera presidencia de Juan Perón, particularmente el período de Isabel Martínez donde la Triple A actuó como instrumento de la represión y de desbrozar el camino que más tarde ampliaron los militares sea en la matanza como con la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, el antecedente del neo liberalismo que profundizó Carlos Menem.

Hay investigadores que con textos brillantes iluminan sobre esos días y si Kirchner quiere continuar en este campo con la coherencia que actúa desde que el presidente, no puede dejar de abordar esos tiempos que salpican, manchan o ensucian, a un sector del peronismo que aún tiene resortes de poder firmes.

No se trata de un deleite histórico. Es necesario para enfrentar los problemas de la inseguridad en los que interviene la propia policía bonaerense, sea por complicidad o por omisión, en un marco muy complejo como secuela de la crisis económica que envió a la marginalidad (ahora en retroceso)
a millones de argentinos. Es que es imposible abordar la cuestión policial sino se quiebra la protección de caciques políticos y jueces cómplices, un esquema que el señor Blumberg expresa con sencillez y es uno de los consejos a escuchar y a aplicar aunque otras de sus reflexiones son afines a la ‘mano dura’.

Con el primer esquema, sería el modo de transformar la desgracia en virtud, y todo parece indicar que el Presidente quiere marchar por ese camino, pero hay que ver si el peronismo bonaerense, tan afectado en ese trazado, puede más.

Hay otra mirada a la cuestión energética hoy en primer plano. ¿Que hubiera ocurrido si la concentración del jueves ocurría en medio de cortes de luz que tanto, razonablemente, irritan a la gente?

En el gobierno no hay un solo discurso para enfrentar el problema. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, es partidario de implementar ya los aumentos decididos sobre algunas tarifas para el gas ya en tiempos de la presidencia de Duhalde y postergado por diferentes motivos.

Pero el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el ala política del gabinete insiste en que primero las empresas concesionarias deben comenzar a invertir. Hay con todo, un principio de acuerdo.

El de Fernández es un principio interesante pero ¿cómo hace un Estado que acepta el libre juego del mercado obligar esas inversiones cuando todos los contratos además han caducado como secuela de la desdolarización de la economía?.

Sin duda las empresas de servicios apelan a la coacción para lograr sus objetivos, pero no queda claro, vale la pena insistir, que con el actual sistema de libre concurrencia y el confuso papel de los entes reguladores que son los que conocen realmente como funcionan los servicios públicos, es posible eludir lo que el Presidente no desea: que se generalicen incrementos que dañen el bolsillo popular. La derecha, muy atenta, cree que esa es una conclusión inevitable. La cuestión es saber cuanto puede dañar la aún alta (aunque en repliegue) popularidad del Presidente y como esa eventual merma lo puede acotar en sus objetivos programáticos sobre todo si el drama de la inseguridad no encuentra un curso superador visible. *