Corte IDH dejó en manos de la justicia peruana evaluar la legalidad del indulto humanitario a Fujimori

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó este viernes al Estado peruano el fallo emitido sobre el indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori, y aunque estimó que Perú incumplió su deber de investigar y juzgar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, evitó ordenar la vuelta a prisión de Fujimori, como lo pidieron familiares de las víctimas.

La Corte dejó en manos del sistema de justicia peruano evaluar la legalidad del indulto humanitario otorgado durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczszinski.

El fallo establece que las partes involucradas en el caso deberán presentar, a más tardar el 29 de octubre de este año, información relativa al «indulto por razones humanitarias» que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori el 24 de diciembre pasado.

Así el tribunal interamericano con sede en San José evitó tomar una decisión de fondo o emitir un pronunciamiento respecto a ese tema, y por lo tanto no acogió el llamado de familiares de las víctimas de las matanzas para que Fujimori complete su sentencia de 25 años de prisión.
Las sentencias de la Corte son de acatamiento obligatorio para los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Perú.

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— MINJUSDH (@MinjusDH_Peru) 15 de junio de 2018

El gobierno peruano aseguró que realizará «un análisis serio y en profundidad» del pronunciamiento y aseguró que acataría lo dispuesto por el tribunal.

«Lo responsable, como Estado y gobierno democrático, no es reaccionar agitando banderas, sino asumir una posición seria de análisis antes de expresar cualquier pronunciamiento», dijo el ministerio de Justicia peruano en un comunicado.

El indulto permitió a Fujimori dejar la prisión después de 12 años preso como autor mediato de la muerte de 25 personas en dos operativos antisubversivos en 1991 y 1992 en Barrios Altos y la universidad La Cantuta, ambos en Lima.

Criticas y cuestionamientos

Los familiares de las víctimas no se vieron conformes con el fallo de Corte debido a que habían solicitado revertir el indulto a favor del expresidente, por considerar que se trató de un «pacto político».

Esa acusación se debe a que el entonces presidente, Kuczynski, se «salvó» de ser destituido por parte de Congreso gracias al voto de un grupo de fujimoristas, lo que muchos aseguran fue a cambio de otorgar el indulto a Fujimori. Tres días después de eso fue que PPK otorgó el perdón al exdictador.

«Nos preocupa el nuevo plazo para el 29 octubre de este año para un nuevo control, conociendo que las instituciones en Perú suelen demorar más de la cuenta para emitir este tipo de opiniones», dijo a la prensa Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz, uno de los alumnos de la Universidad La Cantuta que fue asesinado por los militares en julio de 1992.

Los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y Cantuta, junto a sus abogados, señalaron que si bien no están de acuerdo con lo resuelto en la Corte IDH, harán uso de los recursos legales en la jurisdicción nacional para buscar justicia y presentarán en las próximas semanas un recurso ante el Tribunal Constitucional.

“Evaluamos una serie de medidas para presentar ante el Poder Judicial tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), un recurso de amparo es una posibilidad que no descartamos para que se revise la legalidad de la gracia otorgada a Fujimori en diciembre pasado”, sostuvo Gloria Cano, una de las abogadas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Washington, señaló que de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana, «la justicia peruana tendrá que determinar si el indulto ocasiona daños a los derechos de las víctimas y sus familiares».
«Es necesario que, además de la situación de salud del exmandatario peruano, se tomen en cuenta otros factores como el monto de la pena cumplida, la cooperación del condenado respecto del esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos, la reparación otorgada a las víctimas», precisó CEJIL.