Tras la polémica Salta decidió adherirse al protocolo nacional para el aborto no punible

Luego de las repercusiones que generó el caso de la niña de 10 años violada por su padrastro y las críticas al gobierno de Salta por haberle negado la realización un aborto por las restricciones que impone su legislación, este jueves el gobernador de esa provincia anunció que Salta adhirió hoy al protocolo que estableció la Corte Suprema para “evitar cualquier contradicción de normas que impidan la toma de decisión de las víctimas”.

Marcha atrás

Juan Manuel Urturbey debió modificar la legislación promovida por él mismo en 2012 que imponía restricciones a la práctica del aborto legal, por motivos de violación o de peligro de vida de la madre.

Urtubey informó a través de su cuenta de Twitter que Salta adhirió hoy a través del decreto 584/18 al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado por la Corte Suprema de la Nación.

La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.

— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 24 de mayo de 2018

Ahora la niña podrá decidir sobre si continuar o no con el embarazo.

“La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación”, escribió comunicando su decisión de aceptar el fallo FAL de la Corte Suprema que no pone plazos para que una mujer pueda acceder al derecho de la interrupción del embarazo en caso de violación.

A su vez aclaró que tomó esa medida “frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo”.

Y agregó que con esta medida “se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”.