Emboscados en Chiapas

México, Reuters

El procurador de justicia de Chiapas, Eduardo Montoya, anunció que la investigación del ataque armado del lunes pasó al ámbito de la Justicia federal, debido a las armas de grueso calibre utilizadas en la que describió como «carnicería» de los policías.

Los siete policías, entre ellos un jefe de seguridad estatal y otro de jurisdicción municipal, murieron durante una emboscada tendida por un grupo armado desconocido a una patrulla de seguridad en una zona rural de Chiapas.

El procurador Montoya dijo el martes a la cadena InfoRed, desde Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, que la camioneta en que los policías realizaban un patrullaje recibió el impacto de 85 proyectiles de distintos calibres. Agregó que los agresores, parapetados en tres diferentes puntos a los costados de una carretera, abrieron un nutrido fuego contra el grupo policial, al que despojaron de siete armas antes de fugarse, internándose en la selvática región montañosa.

Montoya dijo que tropas militares, así como efectivos policiales y de seguridad movilizados inmediatamente, no habían logrado hasta el martes indicio alguno sobre el paradero de los atacantes.

Explicó que el ataque, que dejó a un octavo policía y un civil heridos, ocurrió a plena luz del día en una carretera que une las localidades de Lagunas y El Bosque, en una zona distante unos 110 kilómetros al nordeste de Tuxtla Gutiérrez.

Montoya dijo que, según las primeras declaraciones de los dos heridos, los atacantes actuaron con «los rostros cubiertos con lodo, al estilo muy especial que utilizan los guerrilleros».

Pero aclaró, categóricamente, que «esto no significa que la procuraduría haga ningún señalamiento de que la guerrilla en Chiapas sea la responsable» del ataque armado.

Explicó que los agresores podrían ser guerrilleros, narcotraficantes, personas vinculadas con el cultivo de enervantes o simples bandas de asaltantes y ladrones que actúan en la zona.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en Chiapas, pidió el martes a las autoridades una investigación justa y apegada a las garantías constitucionales.

«Nos preocupa que estos lamentables acontecimientos vayan a ser tomados como pretexto por parte de las autoridades para crear una situación de mayor tensión y violencia en el estado de Chiapas», señaló el organismo en un comunicado. El procurador Montoya dijo que por la zona del ataque el ejército mexicano destruyó durante las últimas semanas 26 plantaciones de marihuana, en tanto efectivos policiales del estado desmantelaron a tres «gavillas que se dedicaban al asalto y el robo».

La región de El Bosque, controlada hasta hace dos años por denominadas «bases de apoyo» del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es escenario de frecuentes enfrentamientos entre comunidades simpatizantes y contrarias al movimiento guerrillero pro indígena que el EZLN encabeza en Chiapas desde 1994.

El municipio de El Bosque, convertido en «autónomo» por los seguidores zapatistas, fue ocupado por tropas militares y fuerzas de seguridad de Chiapas en junio de 1998, durante una cruenta operación que dejó un saldo de ocho muertos.

La ocupación levantó múltiples denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chiapas y agudizó en la región las tensiones entre comunidades pro zapatistas y militantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional.