Resultado dulce y agrio

Santiago de Chile, ANSA

El apretón de manos entre la abogada de derechos humanos Pamela Pereira y el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, será quizás la imagen que más se retenga respecto del trabajo de 10 meses de la Mesa de Diálogo, y que logró sentar juntos después de 27 años a víctimas y represores. Cuando se instaló esta instancia, en agosto del año pasado, la profesional se negó a estrechar la mano del representante del Ejército porque dijo que no creía en el «honor militar», ya que su padre por confiar en él figuraba en la lista de desaparecidos.

Luego de 10 meses se restablecieron las confianzas, y Pamela Pereira reconoció que ha hecho «una gran apuesta» a lo que él comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, prometió que «no la defraudaré».

Para algunos analistas, el principal logro de la mesa de Diálogo es que las Fuerzas Armadas se han comprometido a entregar información sobre los desaparecidos.

El jefe subrogante de la Corporación Nacional de Reparación, Carlos López, admitió que en todos estos estos años «ha sido muy difícil» tener mayores antecedentes sobre el paradero de los cuerpos, «ya que se sabe que en la mayoría de los casos un grupo detenía a la víctima, otro la mataba y otro se encargaba de los restos».

La tarea, por tanto, ha sido lenta y hasta ahora sólo se han ubicado, según la Agrupación de Familiares de Desaparecidos, a 173 de los 1.102 desaparecidos.

Los coordinadores de la Mesa, Jorge Manzi y Gonzalo Sánchez, distinguen cuatro períodos en la represión destinada a hacer desaparecer a opositores, de los cuales el 60 por ciento corresponden a la Región Metropolitana seguido de la Región del Bio Bio (500 kilómetros al sur de Santiago).

Desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, hasta la creación de la DINA; la fase DINA, desde junio de 1974 a agosto de 1977; la etapa CNI, desde agosto de 1977 a marzo de 1978 en que hubo 13 casos; y la segunda etapa CNI, posterior al dictado de la Ley de Amnistía, en que hubo 25 desapariciones.

El abogado constitucionalista Arturo Fernandois destacó que las conclusiones y condenas contenidas en la Mesa de Diálogo contribuirán «a pacificar los ánimos de esta reconciliación pendiente».

Pero, advirtió, quedan cabos pendientes en la tarea de cerrar la transición.

«Como constitucionalista quedo con hambre en relación a la función de esta mesa de diálogo porque no produce efecto jurídico, no tiene una trascendencia institucional y no puede tenerla, porque su configuración no es estrictamente representativa de la ciudadanía. No hay un solo parlamentario», explicó.

Quedan sin resolver temas centrales, dijo, como si se va a respaldar la actual Ley de Amnistía y darle certidumbre a su interpretación o se va a dejar en el estado potencial conflictivo en que está hoy, en el cual no se cierran los procesos hasta que aparezcan los cuerpos.

El también abogado constitucionalista, Guillerno Bruna, coincidió con Fernandois y comparó el resultado de la Mesa de Diálogo con los acuerdos diplomáticos «en que el consenso no deja contento a nadie y tampoco deja insatisfecho a todos».

En todo caso, aclaró, «creo que tiene más consecuencias morales que jurídicas. Es una cosa moral positiva, es bueno que esto haya terminado en un acuerdo, aunque no tenga consecuencias prácticas viables y concretas. Lo contrario habría sido un fracaso nefasto», concluyó Bruna.

Para los generales en retiro Ernesto Videla y Rafael Villarroel, los resultados de la Mesa de Diálogo son «un primer paso» para la solución al problema de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990.

Videla sostuvo que las partes sacrificaron las posiciones máximas y se pasó «de la transacción al entendimiento político».

Las diferentes colectividades políticas celebraron el acuerdo, salvo el gubernamental Partido Socialista, que emitió una ambigua declaración donde valora la voluntad del Presidente tendiente a buscar la verdad sobre los desaparecidos».

El extraparlamentario Partido Comunista lo rechazó de plano, calificándolo como la denegación de justicia, con lo cual coincidieron los abogados involucrados en las causas contra el ex dictador Augusto Pinochet, que se negaron en su oportunidad a participar en la Mesa de Diálogo.