Nuevo golpe a la impunidad

Que ello ocurra a escasos días del 28(infinity) aniversario del último golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuya rememoración este año alcanza niveles no conocidos desde que cayó la dictadura a fines de 1983, le da al proceso contra la impunidad un nivel más elevado.

Es que ayer el juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró la inconstitucionalidad de dos de los diez decretos de indulto firmados por Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a más de 300 personas, entre uniformados y jefes guerrilleros. .

No dispuso que son nulos todos porque el fallo se circunscribe a la causa en la que se investigan los crímenes cometidos bajo la órbita del I Cuerpo de Ejército, sólo alcanzará a los dos decretos que beneficiaron a seis militares imputados en el expediente.

Ellos son el ex jefe de esa unidad de batalla Guillermo Suárez Mason y los generales (R) Jorge Olivera Rovere, José Montes, Juan Bautista Sasiaiñ, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero. Sólo se ordenará el pedido de captura de Olivera Rovere. Suárez Mason y Sasiaiñ están procesados y detenidos en una causa que investiga el robo de hijos de desaparecidos, mientras que los otros, fallecieron durante los últimos años.

Se trata del primer fallo judicial contra la decisión de Menem que podría convertirse en el impulso inicial de decisiones similares en otras causas. Será también el responsable del inicio de largas discusiones, dado que cuenta con la oposición de varios juristas que consideran que no se puede anular una facultad presidencial .Los indultos se habían concretado en dos etapas.

En octubre de 1989, fueron liberados 277 civiles y militares, en una medida que benefició a jefes de las Fuerzas Armadas que actuaron en la represión ilegal, en la Guerra de las Malvinas y en las sublevaciones militares de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, así como a líderes guerrilleros.

En diciembre de 1990, Menem indultó a Suárez Mason, a los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Eduardo Massera, Armando Lambruschini, Orlando Agosti; a los jefes de policía Ramón Camps y Ovidio Ricchieri; al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex líder de Montoneros Mario Firmenich.

El juez hizo lugar a un pedido de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que habían presentado un escrito que sostiene que «los argumentos ofrecidos contra [la validez de] las leyes de punto final y de obediencia debida son extensibles» a la inconstitucionalidad de los indultos. Los argumentaron son que con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 1984, el Estado argentino se obligó a «prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención». .

Canicoba Corral utiliza los mismos argumentos porque los pactos internacionales firmados por la Argentina impiden la impunidad de esos delitos de lesa humanidad. También tuvo en cuenta reclamos de Abuelas de Plaza de Mayo y varias entidades de familiares de detenidos- desaparecidos.

Lo sustancial de la argumentación ya se utilizó para la anulación por el Parlamento de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, conocidas como leyes de impunidad (o perdón) con la que habían beneficiado a los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa, pero no a los jefes militares, una contradicción que viene a corregir la anulación de los indultos

Esa decisión legislativa motivó un fallo de la Cámara Federal que reabrió las megacausas de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y del I Cuerpo de Ejército, ahora ampliada a la policía bonaerense.

Estas anulaciones llegaron como consecuencia de un largo proceso de acciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos, decisiones legislativas y pronunciamientos de juzgados federales que declararon inconstitucionales esa legislación sobre impunidad.

Sin duda el ritmo se aceleró por el respaldo político a esta tendencia que le dio el Presidente Néstor Kirchner desde que asumió. Otro gesto presidencial fue el de haber ido ayer a visitar la ESMA donde muchos jóvenes de su generación fueron desaparecidos en ese centro militar-naval donde se erigirá un museo de la Memoria.

El anuncio sobre el futuro de las 16 hectáreas de la ESMA lo hará el propio Kirchner en ese lugar del terror y habrá una concentración y festival donde entre otros actuarán Joan María Serrat, el cubano Silvio Rodríguez y León Giecco. Por lo pronto ayer la Armada anunció el traslado de tres de sus institutos desde la ESMA al barrio de Retiro.

En la medida que otros jueces vayan pronunciándose por otros indultos le deberá llegar el turno al ex ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien fue inició con su política el derrumbe del Estado de Bienestar y el fenomenal endeudamiento externo y al ex guerrillero, Firmenich.

¿Volverá ser procesados y detenidos? Se verá, porque la base de la anulación de indultos a militares es por terrorismo de Estado, porque los delitos que derivan de esa metodología son imprescriptibles y Canicoba Corral en sus fundamentos advierte que no se pueden homologar al terrorismo guerrillero con el terrorismo de Estado.

No sucedería lo mismo, en el caso de los guerrilleros, cuyas violaciones al Código Penal en su mayoría han precripto y por ahora nadie las ha calificado como delitos contra la humanidad.

Por un camino u otro, todo lleva a la Corte Suprema de Justicia donde se espera una quinta firma favorable para decretar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que probablemente conlleven el mismo criterio con los indultos de Menem.

En el Parlamento cobró nueva fuerza la idea de avanzar contra los indultos que promueve la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, acompañada por radicales y el ARI para realizar una sesión especial de la cámara baja el próximo 24 de marzo.

El justicialismo intenta la noche del 23 reclamar a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de las normas que había dictado Menem, pero ya un juez federal se les anticipó pero todos los indultos van a parar al basurero de la historia. *