CATALUÑA

El presidente del Parlament aplaza la sesión de investidura pero mantiene a Puigdemont como candidato

Roger Torrent suspendió el pleno en Cataluña "hasta que pueda celebrarse la investidura de Puigdemont con garantías". El presidente del Parlament aseguró que no nombrará a otro candidato.

El presidente del Parlament aplaza la sesión de investidura pero mantiene a Puigdemont como candidato.
El presidente del Parlament aplaza la sesión de investidura pero mantiene a Puigdemont como candidato.

La incertidumbre reina en Cataluña ante la sesión de investidura de un nuevo president y cómo podrá el expresident, Carles Puigdemont volver a ser investido cuando se encuentra en Bélgica y con una causa judicial abierta en España que no le permite regresar a la región.

Este martes, el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció que la sesión de investidura prevista para las 15.00 horas de hoy queda aplazada hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sus alegaciones contra la decisión de vetar una investidura a distancia de Puigdemont.

Torret explicó que desea de celebrar el pleno con garantías, garantizando «la inmunidad de Puigdemont y de todos los diputados». Y dijo que pidió a los servicios legales del Parlament «que se formulen alegaciones a lo que ha dicho el Tribunal». A su vez remarcó que no «desconvoca» el pleno sino que lo aplaza, y aclaró que mantiene a Puigdemont como candidato a la investidura, aunque esperará a que puedan asegurar «un debate efectivo y con garantías». «No propondré a otro candidato a la investidura, Puigdemont tiene toda la legitimidad y todo el derecho de serlo», manifestó.

«El TC ha ordenado a la Mesa de un gobierno democrático cómo tiene que interpretar el reglamento sin que nadie se lo haya pedido», expresó, y consideró que lo que está haciendo es «vulnerar el derecho de millones de catalanes y no lo vamos a permitir». «No aceptaremos que digan que los catalanes votamos mal sólo porque no votamos como ellos querían».

Torrent mostró su descontento con el TC y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y afirmó «ni la vicepresidenta Soraya ni el TC decidirán quién tiene que ser el president de la Generalitat. Este Parlament investirá al candidato que reciba el apoyo mayoritario de la Cámara, no el que decida un tribunal o un ministro a 600 kilómetros de distancia», aseveró.

El TC vetó el sábado que el debate y la investidura se puedan producir de manera telemática o por delegación. La única posibilidad que deja abierta para Puigdemont es la presencial en el Parlamento, para lo cual debería pedir permiso al juez instructor que le juzga por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. El expresidente catalán descartó esta opción y pidió amparo al Parlamento.

«Un candidato limpio»

Por su parte el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy había manifestado más temprano que «lo más sensato» era que el presidente del Parlament, propusiera «un candidato limpio» a la investidura al tiempo que le advirtió a Torrent que debía ser «muy consciente de lo que hace si decide saltarse una resolución del Constitucional».

«El Tribunal Constitucional le ha dicho al presidente del Parlament que el señor Puigdemont no puede ser el candidato si no esta allí o si no está allí autorizado por el juez», dijo antes de agregar que «todos aquellos que apoyen la decisión» del presidente del Parlament de seguir adelante con la investidura de Puigdemont en contra de los dictado por el Constitucional, «tendrán que enfrentarse a los tribunales».

«Hemos conseguido que el Tribunal Constitucional diga algo tan obvio como que un prófugo de la justicia, que no está viviendo en España no puede comparecer ante el Parlament», aseguró Rajoy que se mostró «satisfecho» con la actuación del Gobierno y afirmó que volvería ha hacer las cosas como las ha hecho. «Por encima de la ley no hay nada», concluyó.

Tras el anuncio de Torrent de aplazar la sesión de investidura el Gobierno celebró la decisión y la interpretó como muestra del «respeto a la legalidad» y una «consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho».

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