RETROCESO

Trump ordena priorizar la religión sobre el derecho al aborto y los ciudadanos trans

El Departamento de Salud ahora tiene una nueva oficina que se encargará de anteponer los intereses religiosos a los de las personas que deseen acceder a derechos civiles como el aborto o la atención médica a personas trans.

Foto de archivo
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El gobierno de Donald Trump ordenó hoy la creación de una nueva oficina perteneciente al Departamento de Salud, la cual buscará dar prioridad a las creencias religiosas por encima de los derechos civiles de personas trans y mujeres que necesiten practicarse un aborto.

El nuevo organismo será parte de la Oficina de los Derechos Humanos del Departamento, y estará a cargo de revisar e investigar las quejas de empleados del sector salud que consideren que se les violan sus derechos religiosos si tienen que atender a personas trans o mujeres que buscan abortar.

El anuncio cayó como un balde de agua fría a los colectivos de derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, quienes verán sus derechos lacerados (el aborto y la medicina para personas trans están garantizados por ley).

“La oficina se estableció para restaurar la implementación de las leyes federales que protegen el derecho fundamental e inalienable de libertad de conciencia y religión”, explicó el gobierno en un comunicado del publicado en la web del Departamento de Salud.

Derechos Humanos menoscabados

No solo las mujeres y los trans estarán siendo afectados con esta decisión: también podrían verse afectados quienes quieran acceder a servicios médicos para esterilizarse, al suicidio asistido (legal en unos pocos estados) o a la fecundación in vitro, todos temas polémicos que chocan de frente con las creencias religiosas.

El director de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud, Roger Severino, apoyó la nueva medida y argumentó que “nadie debería ser forzado a elegir entre ayudar a una persona enferma y vivir por sus convicciones morales y religiosas más profundas”.

La representante del Partido Demócrata en la comisión de salud del Senado, Patty Murray, se mostró “profundamente preocupada” ante la prensa y acusó al gobierno de usar la Oficina de Derechos Humanos como una “herramienta” para “restringir el acceso al servicio de salud para personas que son transgénero y mujeres”.

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