Un esfuerzo nacional para ubicar a los desaparecidos

Santiago de Chile, ANSA

Un Esfuerzo Nacional para la ubicación de los restos de un millar de detenidos desaparecidos durante el régimen militar que encabezó Augusto Pinochet es el eje central del acuerdo alcanzado ayer por la Mesa de Diálogo que integraron representantes militares y abogados de derechos humanos.

Las siguientes son las conclusiones que esta Mesa de Diálogo alcanzó en torno a los desaparecidos y los compromisos que pide asuma el país entero a fin de dar con su paradero:

* «Nos preocupa hondamente la tragedia aún no resuelta de los detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere, de parte de todos, un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin».

* «La solución del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo, habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu –en alguna medida– a sus familiares».

* «La necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos trasciende ese deber, también tiene como próposito que el país tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse».

* «Llamamos a realizar un gran Esfuerzo Nacional que comprometa muy activamente a las más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita clarificar su destino».

* «Quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la Justicia».

* «Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se compromenten solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer sus destinos».

* «Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparadas por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligados a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante».

* «Las autoridades de instituciones religiosas y éticas… promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar su fuente de información».

Por otra parte, el texto de la declaración pide tareas específicas al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia:

Al Gobierno: «Que proponga en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos».

«Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que estén llamados a participar en este Esfuerzo Nacional».

«Que solicite a la excelentísima Corte Suprema la designación de los Ministros en Visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente».

Al Congreso Nacional: «Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley».

A la Corte Suprema: «Que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que… sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos».

«Que instruya a los Ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente».

La declaración culmina pidiendo al Presidente de la República «que finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados y, si lo estima necesario, la prorrogue por otros seis meses» o que si estima necesario «impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos».