Pacto en Chile por DDHH

Paulina Modiano – Santiago, Reuters

«Este acuerdo nos permite (…) el compromiso solemne, cierto, convencido, de todos los que formamos parte de la patria, de que en Chile nunca más se asesinará ni se hará desaparecer opositores», dijo Lagos en una ceremonia en el palacio de gobierno.

El pacto, firmado en la madrugada del martes tras 10 meses de debate en la denominada «mesa de diálogo», se alcanzó más de una semana después de que Pinochet fue despojado de su inmunidad parlamentaria, lo que lo expondría a ser juzgado por más de un centenar de querellas criminales.

El pacto entre militares y abogados de derechos humanos considera mecanismos legales que contribuyan a encontrar los restos de más de un millar de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Esos mismos procesos son los que tienen a Pinochet muy cerca de enfrentar a la Justicia chilena y que le valieron más de 16 meses de arresto en Londres, a pedido de la Justicia española que también pretendía procesarlo por crímenes contra la humanidad.

«Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar en un plazo de seis meses (…) los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos», dice el texto.

Pero el acuerdo también implicó el primer reconocimiento por parte de las fuerzas armadas de las violaciones a los derechos humanos registradas durante el régimen de Pinochet, entre 1973 y 1990.

«Eso fue lo que más costó sacar, porque era lo que más les dolía» a los militares, dijo Reuters el abogado José Zalaquett, uno de los participantes de la mesa de diálogo.

Por su parte, el general Ricardo Izurieta, quien sucedió a Pinochet en el mando de los militares en marzo de 1998, declaró que el pacto «es una manera de comprobar nuevamente la intención institucional del ejército de colaborar para el bien de la convivencia nacional».

Lagos, un socialista que asumió el poder el 11 de marzo y que heredó la difícil misión de garantizar que en Chile se puede hacer justicia, incluso en el caso de Pinochet, prefirió resaltar el camino que abre el acuerdo.

«No me cabe duda de que vamos a avanzar y a encontrar a aquellos desaparecidos, establecer la data precisa de su muerte y no me cabe duda que cuando ello ocurra el poder judicial hará lo que corresponde conforme a derecho», dijo.

Mientras el gobierno, los militares y los abogados de derechos humanos se congratulaban por el consenso que creen permitirá al país dejar atrás los fantasmas de los muertos y desaparecidos durante la dictadura, los familiares de las víctimas dieron la espalda al pacto, al que consideran una velada ley de punto final. El acuerdo «es muy malo para nuestros país. Un país que pretende crecer no puede ser sobre la base de la impunidad», dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.

La postura de los familiares de las víctimas es respaldada también por los abogados que han levantado las querellas contra Pinochet en los tribunales y que lograron su primera victoria con la aprobación del desafuero en primera instancia. «Es un artificio comunicacional», dijo el abogado Hugo Gutiérrez. «Este acuerdo es pobre, muy limitado (…) demuestra que se desea sustraer de la justicia temas tan importantes como el desafuero de Pinochet».

Mientras el pacto sobre derechos humanos deberá ahora cobrar forma mediante leyes especiales que aprobaría el Congreso, los acusadores y defensores de Pinochet se aprestan a una nueva batalla judicial ante la Corte Suprema.