Asesinan a otra líder social colombiana; ya son más de 120 los activistas asesinados en 2017
Desde enero hasta finales de octubre de este año se habían registrado en Colombia al menos 120 asesinatos de líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos.
Este lunes fue asesinada otra líder social en Colombia. Ya son más 120 en lo que va del año.
Luz Jenny Montaño Arboleda fue asesinada por sicarios en su casa de Tumaco (Nariño, Colombia), el mismo distrito donde se produjo la masacre de 15 campesinos a principios de octubre y, días después, mataron al líder social que denunció ese hecho.
Montaño Arboleda dirigente comunal y religiosa que formaba parte de la junta de acción de su sector, así como de las asociaciones Divino Niño y Jesús Nazareno.
El padre Arnulfo Mina, vicario de la diócesis de Tumaco, siente «una impotencia absoluta» porque «las cosas no avanzan y los asesinatos continúan», mientras que varias organizaciones comunitarias y campesinas se movilizaron para pedir el fin de estos crímenes.
Según informó Telesur, el asesinato se registró pocas horas después de que Montaño participara en una movilización en la que exigía justicia por los líderes comunitarios asesinados en lo que va de año.
El coronel de la Policía Nacional, Mauricio Jiménez, dijo que al parecer dos hombres ingresaron a la casa de la líder social, ubicada en el barrio Viento Libre, para quitarle la vida, y afirmó que las autoridades colombianas iniciaron una investigación para dar con los responsables de este hecho.
200 líderes asesinados en dos años
El Movimiento Comunal de Colombia y la organización Marcha Patriótica consideran que no se trata de un hecho aislado o propio de la zona de Tumaco: solo este año fueron asesinados más de 120 dirigentes sociales en el país y si se tiene en cuenta 2016, suman 200.
Héctor Torres, abogado defensor de los derechos humanos en la región central de ese país sudamericano, considera que «somos objetivo militar, de este Gobierno y de los anteriores», ya que los asesinatos son cometidos por «grupos de ‘justicia privada’ (paramilitares)» o «miembros de la fuerza pública», una situación que plantea dudas «sobre la voluntad política» oficial a la hora de frenar este tipo de delitos.
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