Colombia: asesinan a otro líder social y el paro nacional campesino continúa

La coordinadora municipal de cultivadores de coca, marihuana y amapola del municipio de Toledo, la Asociación de Campesinos de Briceño, la Asociación de Campesinos de Sabanalarga, el comité de Derechos Humanos del Norte de Antioquia, el Comité de Barequeros del Norte de Antioquia y miembros de Marcha Patriótica Antioquia, denunciaron esta semana un nuevo asesiando de un líder social.

Se trata de Ramón Alcides García Zapata, un reconocido líder impulsor del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en del Alto de Chiri, en el municipio de Briceño (Antioquia), y quien además pertenecía al movimiento Marcha Patriótica.

Según detalla la denuncia García Zapata fue asesinado el pasado 27 de octubre cuando se dirigía a su casa en la carretera que conduce a la vereda Alto de Chiri «tras recibir el pago mensual contemplado en el proceso de sustitución voluntaria”.

El día 27 de octubre de 2017 a las 2:00 pm fue asesinado el compañero Ramón Alcides García Zapata //t.co/t9XCNbut4v

— MAPA DH ANTIOQUIA (@DhAntioquia) 30 de octubre de 2017

Las organizaciones advierten que este hecho pone en riesgo el inicio del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Toledo y Sabanalarga debido a que las comunidades no tienen las garantías necesarias para liderar y hacer parte activa de la iniciativa.

A su vez señalan que han habido múltiples denuncias, provenientes incluso de la misma Defensoría del Pueblo, sobre los peligros para los movimientos sociales y las organizaciones campesinas. “nuestra voz parece llegar oídos sordos pues seguimos a merced de la muerte y los peligros sobre las múltiples vulnerabilidades aumentan con cada voz que elevamos por la búsqueda de la vida digna, los sueños y la construcción de la paz territorial que esperamos con el anhelo de disfrutar un futuro con justicia social”, denuncian.

Por ese motivo exigen al Gobierno la aplicación de acciones necesarias para garantizar los derechos de las comunidades y que se inicien las investigaciones para determinar los responsables del crimen. Al tiempo que responsabilizan “al Estado Colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, al ministerio de Defensa, y al ministerio del Interior, por los graves atentados contra los derechos humanos ocurridos el 27 de octubre en el la vereda Alto de Chirí del municipio de Briceño”.

Organizaciones sociales y sindicales de Colombia iniciaron el pasado lunes 23 de octubre un paro nacional indefinido en reclamo del cumplimiento del Acuerdo de Paz alcanzado el año pasado entre el Gobierno colomibiano y la exguerrilla de las FARC, hoy convertida en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y en rechazo a las persecuciones y homicidios de campesinos y líderes sociales en el país.

Las movilizaciones campesinas e indígenas continúan a más de una semana de haberse iniciado ante la falta de un acuerdo entre líderes del paro y miembros del Gobierno.

El viceministro del interior, Luis Ernesto Gómez, dijo este lunes que el Gobierno Nacional conserva la voluntad de negociar siempre y cuando las comunidades nativas respeten los acuerdos previamente alcanzados.

“Reiterar la voluntad permanente de diálogo por parte del Gobierno Nacional también para desarrollar nuevas negociaciones, pero también el cumplimiento de lo ya acordado” afirmó Gómez.

Por otro lado afirmó que el Gobierno mantiene su preocupación por el asesinato de líderes sociales en los lugares que históricamente fueron afectados por el conflicto interno.