El Tribunal Constitucional suspende la declaración de independencia de Cataluña

El pleno del Tribunal Constitucional de España suspendió cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña aprobada el viernes pasado por el Parlament catalán.

El TC admitió el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que solicita declarar nulos y sin efecto jurídico alguno los acuerdos por los que el Parlament declaró la independencia de forma unilateral y suspendió concretamente las resoluciones tituladas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso constituyente».

El Gobierno argumenta que ambas resoluciones vulneran la sentencia previa que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del referéndum de autodeterminación, así como la providencia que suspendió de forma cautelar la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

«Los efectos de esta suspensión tienen carácter absoluto desde el momento de la adopción de las resoluciones impugnadas», subrayó el TC en su sentencia.

En el documento se acuerda notificar de la resolución personalmente a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los demás miembros que entonces integraban la Mesa de la Cámara. Ante la disolución del Parlament por orden del Gobierno central el TC acuerda notificar su resolución a los miembros de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament, que son los que gobiernan la cámara hasta la celebración de elecciones autonómicas convocadas por Rajoy para el próximo 21 de diciembre.

El TC advierte a los diputados su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada» y les advierte sobre las «eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir» en caso contrario.

El Supremo admite querella por rebelión

Por otro lado el Tribunal Supremo ha admitido a trámite este martes la denuncia por rebelión, sedición y malversación que la Fiscalía General del Estado presentó contra los miembros de la Mesa del Parlament en la jornada de ayer.

Según explica el auto de los magistrados durante la investigación se determinará si cometieron el delito más grave, el de rebelión ya que puede darse la posibilidad de que solo cometieran conspiración.

El tribunal designa como instructor de la causa al magistrado de la propia Sala Pablo Llarena Conde, que ya citó para los días 2 y 3 de noviembre a los imputados, a quienes recuerda que deben acudir con un abogado por esa condición.

Los querellados son la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los exmiembros de la Mesa del Parlament catalán Lluis Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet. Este último no es miembro de la Diputación Permanente del Parlament disuelto el pasado viernes, pero la Fiscalía lo ha incluido en la querella por entender que su actuación está asociada a la del resto.

A los querellados se les atribuye, entre otros, el delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel, al entender la Fiscalía que los «cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados» con sus actos, «realizados con absoluto desprecio» a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es «patria común e indivisible de todos los Españoles».

La denuncia de la Fiscalía sostiene que las decisiones de Forcadell y el resto de querellados desde la Mesa «han sido parcialmente ejecutadas» y «producen efectos» fuera de Cataluña por lo que la eficacia de los presuntos delitos va «más allá» de la comunidad. «El daño institucional es de alcance nacional», expresa la querella.

El fiscal considera que Forcadell participó en la «creación de condiciones» previas a la DUI (declaración unilateral de independencia) y que esos actos «constituyen un levantamiento contra el orden establecido en los términos previstos en nuestro Código Penal».

Asimismo, pese a que Forcadell no intervino en la logística del 1-O al no ser miembro del Govern, en la querella el fiscal señala como motivo para justificar la competencia del Supremo la custodia de la Generalitat del voto extranjero en el referéndum.