Cataluña: Esto recién empieza

Esperemos que los Magistrados de la Audiencia Nacional no se dejarán llevar por la fiebre del conflicto y apliquen el Código Penal recabando las evidencias de los delitos para dictar las medidas cautelares.

El President de la Generalitat y los Consellers de su gobierno, son ciudadanos iguales ante la Ley, y no hemos encontrado un delito distinto a los tipificados en el Código Penal, ni ninguna excepcionalidad por ser miembros de un gobierno ante el delito de desobediencia a la Autoridad.

La Fiscalía General del Estado ha decidido calificar los actos del President de la Generalitat y de su gobierno como actos de Rebelión y Sedición y añade el de malversación por el importe de la partida destinada al referéndum del 1 de octubre.

Dejando de lado el delito más obvio de malversación de fondos públicos porque está probado en los presupuestos del gobierno catalán, las acusaciones de Sedición y Rebelión no se sostienen a menos que se les quiera dar una relevancia especial, que merezca una sanción ejemplarizante.

Sería un gravísimo error de una fiscalía que quedaría bajo la sospecha de revanchismo corporativista, debido a la carga emotiva que produjo el asedio a la Letrada del Juzgado en la Conselleria d’Economia i Finances en la Rambla de Catalunya, acto por el que ya están presos los dirigentes de Omnium Cultural y la ANC.

A pesar de los errores de la Fiscalía General debemos esperar de los Magistrados mayor independencia emocional y más inteligencia y sensatez jurídica.

«Estamos en un tremendo enredo político y social que está gestando la transformación hacia una futura España»

El President de la Generalitat y su gobierno cometieron actos de desacato y desobediencia a la Autoridad, perfectamente tipificados en el Código Penal artículos 550 a 556.

En el artículo 551 se contempla explícitamente el uso de armas u otros objetos peligrosos, con penas superiores en grado a las previstas cuando no se haga uso de ellas.

El President de la Generalitat y su gobierno no han utilizado ni exhibido armas ni objetos peligrosos, simplemente se han declarado en desobediencia a los requerimientos del Senado español y del Tribunal Constitucional. A efectos del Código Penal, artículo 550 la desobediencia pacífica al Senado se debería castigar con una pena máxima de un año a seis años de cárcel y una multa de seis a doce meses.

El President de la Generalitat y su gobierno no han organizado barricadas, ni han ocupado infraestructuras estratégicas, ni han llamado a alzamientos tumultuarios ni al enfrentamiento contra las fuerzas policiales o instituciones o representantes del Estado. Se han guardado mucho de bajar la bandera española de la sede del Govern de la Generalitat de Catalunya, puesto que ello hubiera provocado la intervención de las fuerzas policiales en el edificio del Palau de la Generalitat, para izarla.

Para finalizar esta propuesta reflexiva, la petición de la Fiscalía General de denunciar al President de la Generalitat y su gobierno por Sedición y Rebelión en lugar de hacerlo por un delito de desobediencia a la Autoridad, produce el extraño efecto de RECONOCER en un ámbito legal, nada despreciable como el judicial, la independencia y la proclamación de la República Catalana, por muy efímera que haya sido, que es justamente lo que desean los denunciados, aunque sea actualmente una derrota, en la “larga marcha” hacia la independencia.

Si se siguen los razonamientos de la Fiscalía General, la independencia de la República Catalana será reconocida por la Magistratura española y tendrá papeles legales de su existencia al aparecer en los trámites judiciales en un proceso por Rebelión o por Sedición.

Al mismo tiempo dará carta de identidad a un fantasmal pero épico “gobierno en el exilio” de la República Catalana, que se haría realidad si se le ocurre a los jueces solicitar su extradición.

Estamos en un tremendo enredo político y social que está gestando la transformación hacia una futura España que está por hacer y que afectará indudablemente a Europa y a la UE.

Hace 40 años algunos vivimos una de estas transformaciones de España y recordamos como hace 80 años se produjo otra gran transformación. Las nuevas generaciones políticas se proponen una segunda Transición y el camino ya se ha empezado a andar. A diferencia de las anteriores transformaciones de España, las actuales generaciones, más informadas que las anteriores, no saben cómo debería ser el destino de llegada.