CIDH sobre la resolución de la Justicia en el caso de Milagro Sala: “Eso no es prisión domiciliaria”

El titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, se refirió a la decisión del gobierno de Jujuy de enviar a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala a prisión domiciliara tras la cautelar del organismo internacional que exigía la liberación inmediata de Sala o en su defecto, ante el riesgo para la vida e integridad física de la dirigente social en el penal de Alto Comedero, medidas alternativas como la libertad controlada por medios electrónicos o la prisión domiciliaria.

«Estamos a la espera de recibir información oficial sobre el cumplimiento de las recomendaciones», explicó Eguiguren, al tiempo que remarcó que el camino emprendido por el gobierno de Morales no es el que marcó la CIDH.

A mediados de esta semana el juez Gastón Mercau dispuso que Sala sea trasladada prisión domiciliaria, pero no fijó el traslado a la casa donde vivía la dirigente sino a un inmueble en las afueras de la ciudad, en el barrio La Ciénaga, que fue vandalizado y no tiene puertas, ventanas, conexión eléctrica, agua ni sanitarios.

«Pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio, no es prisión domiciliaria. Eso es cambio de una prisión a otra prisión», alertó Eguiguren esta mañana en diálogo con Radio Rebelde. A su vez precisó que «la prisión domiciliaria debe realizarse en el domicilio donde vive, rodeado de los suyos».

“Haremos un seguimiento del caso”, explicó el titular de la CIDH, quien recordó que el organismo ordenó que Sala fuese sacada del penal porque “vimos a una persona que estaba siendo sometida a un aniquilamiento”. “Vimos una persona acorralada, cohibida», recordó de la visita que junto a otros integrantes de la CIDH le hicieron en Alto Comedero y remarcó también que consideraron “excesiva la prisión preventiva», que tiene que ser “una excepción y no la regla».

Santiago Maldonado

El titular de la CIDH también se refirió en la entrevista a la desaparición de Santiago Maldonado, el joven de 28 años que desapareció el 1º de agosto durante la represión de la Gendarmería en Chubut a la comunidad mapuche y expresó: «hace pocos días la CIDH recibió una solicitud de medidas caultelares y también una denuncia de desaparición forzada del señor Maldonado».

En ese sentido explicó «nosotros ya hemos aprobado una resolución que debe estar en proceso de notificación que primero se le comunica al Estado por eso no quiero adelantar nada, pero que debe estar ocurriendo en estos momentos».

Al ser consultado sobre la responsabilidad el Estado en el rol de la Gendarmería y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el caso, informó que «El Estado es el que tiene que responder por los actos de funcionarios y puede ser condenado», aunque aclaró que la Justicia debe primero librar su debido proceso.

El jurista no se quiso manifestar explícitamente sobre el contenido del pronunciamiento de la CIDH, pero expresó «ojalá que aparezca con vida Santiago Maldonado».

La familia de Maldonado y organismos de Derechos Humanos reclaman por su aparición con vida y exigen respuestas al Estado argentino tras sostener que la última vez que Maldonado fue visto fue subido a un vehículo de la Gendarmería. El gobierno nacional por su parte defiende el accionar de esa fuerza de seguridad y argumenta que no hay indicios de que el joven haya sido llevado por Gendarmería.