Más de 30 muertos en un día tras una «operación antidroga» de Filipinas

La polémica operación antidroga decretada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, hace un año tras asumir el poder sigue dando que hablar.

Este miércoles la Policía de la provincia de Bulacan del país asiático anunció la muerte de 32 presuntos narcotraficantes en un intervalo de 24 horas en una jornada enmarcada en la «guerra antidroga» iniciada por el Gobierno.

A través de un comunicado se informó que los agentes abatieron a los 32 sospechosos y arrestaron a otros 107 en una operación a gran escala, realizada entre el lunes y el martes en esta provincia de 3,3 millones de personas al norte de Manila.

«Durante la operación, las autoridades incautaron 367 bolsas de shabú (clorhidrato de metanfetamina), 765 gramos de marihuana, 2 granadas, 34 armas de fuego de diversos calibres y 114 balas en un total de 49 redadas», detalla el comunicado.

Según los últimos datos oficiales la «guerra contra las drogas» de Duterte ha causado ya 3.451 muertes a manos de la Policía en este tipo de operaciones en todo el país.

La Policía de Bulacán calificó la operación como un éxito para su «lucha implacable contra las drogas y armas ilegales» y «a la hora de aplicar las órdenes de arresto» en la provincia.

Las autoridades justificaron su accionar argumentando que los sospechosos asesinados eran «notorios delincuentes de los que prefieren luchar hasta la muerte antes que ser atrapados vivos», por lo que los agentes «no tuvieron más remedio» que disparar a matar.

«Campaña antidroga»

Se calcula que más de 7.000 personas han muerto desde que comenzó esta controvertida campaña de Duterte. Además de la Policía la guerra antidroga del mandatario filipino permite a otras personas «acabar con la vida» de personas sospechosas de narcotráfico.

La «guerra contra las drogas» ha sido criticada duramente por organizaciones internacionales, que acusan al presidente de violar derechos humanos. Amnistía Internacional denunció que «no es una guerra contra las drogas sino contra los pobres. A menudo sin la más mínima prueba, personas acusadas de consumir o vender drogas están siendo asesinadas a cambio de efectivo en una economía basada en el crimen».

Duterte por su parte, que durante la campaña electoral había adelantado que no haría caso a las leyes de DD.HH., aseguró que continuará con la campaña «hasta erradicar el narcotráfico y el crimen en la nación».