El MERCOSUR rechaza el uso de la fuerza para restablecer el orden democrático en Venezuela

La resolución fue emitida horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestara que tiene muchas opciones contra Venezuela, incluso la intervención militar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, este sábado 12 de agosto, sobre la situación en Venezuela.

En el mismo se recuerda que la decisión de suspender a Venezuela en aplicación del protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la “constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país”, la decisión fue tomada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Desde entonces, aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días, reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación”, aseguran los países fundadores del bloque regional.

Diálogo y diplomacia

Los países del MERCOSUR aseguran que continuarán “insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región”.

Asimismo, las naciones del bloque regional indican que el gobierno venezolano “no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país”.

Al mismo tiempo, consideran que “los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia”.

“El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales», se indica.

El pasado sábado 5 de agosto, el MERCOSUR resolvió “suspender a Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte, según el Protocolo de Ushuaia ante la “ruptura del orden democrático”.

Dicha medida cesará cuando “se verifique el pleno restablecimiento del estado de derecho”.