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Investigadores de Ayotzinapa denuncian haber sido espiados por el Gobierno mexicano

Los investigadores internacionales que llegaron México para investigar sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que el gobierno mexicano utilizó el programa Pegasus para espiarlos.

Investigadores de Ayotzinapa denuncian haber sido espiados por el Gobierno mexicano.

Investigadores de Ayotzinapa denuncian haber sido espiados por el Gobierno mexicano.

El grupo encargado de investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunció haber sido espiado por el programa Pegasus, el mismo con el que fueron espiados periodistas y políticos del Partido de Acción Nacional (PAN).

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar la desaparición de 43 normalistas en setiembre de 2014, recibió mensajes de texto con el enlace que permite la toma de control de los teléfonos celulares de quienes lo reciben y permite el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono.

El secretario ejecutivo del GIEI denunció que fue víctima de estos mensajes infectados en el celular que utilizaba el grupo para contactar con el Gobierno mexicano, las fuentes y la CIDH.

Mientras que otros miembros que investigaban el caso Ayotzinapa recibieron los mismos mensajes en sus teléfonos particulares. Según la investigación, publicada por The New York Times, el virus también afecto los teléfonos de oficiales internacionales con inmunidad diplomática que tenían acceso a toda la información sobre el caso Ayotzinapa.

“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, alertó Francisco Cox, uno de los integrantes del grupo en el artículo del NYT, quien precisó: “no estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad. No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.

Los investigadores del grupo dijeron además que el gobierno mexicano les ha puesto muchos problemas para recabar información clave sobre el caso, como el acceso a ciertos documentos o la realización de entrevistas que podrían aclarar algunos de los puntos del polémico caso que sigue sin resolverse a más de dos años de sucedido.

El gobierno mexicano ha sido acusado de ser el responsable del envío de los mensajes de texto con el malware Pegasus para tener acceso a los teléfonos celulares de personalidades que puedan ser contrarios a sus políticas. Las autoridades del gobierno aseguran que no tienen ningún nexo con el software malicioso, sin embargo, la empresa israelí NSO Group, desarolladora del virus declaró que solamente vende sus productos a gobiernos para vigilar a criminales y terroristas.

Más evidencia contraria a la historia oficial

Por otro lado durante el 163.º Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebró del 3 al 7 de julio en Lima (Perú), el Estado mexicano reconoció nuevos elementos que descartan la versión oficial emitida por la Procuraduría General de ese país (PGR) que señala que los jòvenes fueron incinerados con sus pertenencias en un basurero el mismo día de su desaparición en de Cocula.

Investigación contradice versión oficial sobre caso Ayotzinapa

Una investigación australiana publicada en la revista Science contradice las versiones oficiales del gobierno mexicano, y señala que no hay manera de que los cuerpos de los estudiantes fuesen…

En esas audiencias de la CIDH se conoció que la medianoche del 26 de setiembre de 2014 (día de la desaparición) y en días posteriores los chips o los dispositivos móviles de 9 de los 43 normalistas estuvieron encendidos y registraron actividad cuando, presuntamente, ya estaban incinerados en un basurero.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró que esta información confirmó “la imposibilidad” de la llamada ‘verdad histórica’ de la PGR y cuestionaron “por qué no se hizo este rastreo desde octubre y noviembre de 2014″.

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