Corte Suprema argentina beneficia a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad

La Corte Suprema de Argentina declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad.

El máximo tribunal de justicia de ese país redujo la condena a Luis Muiña, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en este país aplicando la ley 24.390, más conocida como ‘dos por uno’, actualmente derogada, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. Ese beneficio no es aplicaba para crímenes de la dictadura debido a que fue derogado antes de que los represores fueran detenidos.

El 2×1 permite contar doble cada día en detención preventiva después de que un imputado cumpliera dos años sin una condena firme. De esta manera las penas pueden reducirse de una manera contundente.

La decisión fue tomada en mayoría, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y el rechazo de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Estos últimos señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. “Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”, justificaron ambos magistrados, citados por Página 12.

Luis Muiña es uno de los tres acusados por las muertes de médicos del Hospital Posadas en Buenos Aires entre 1976 y 1977. A pesar de que no era militar, formaba parte de un grupo llamado Swat, responsable de desapariciones, torturas y secuestros de esos empleados y fue sentenciado a 13 años de cárcel por privaciones ilegales de la libertad y tormentos a trabajadores de dicho hospital durante la dictadura.

Los genocidas y represores Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz, y Jorge «Tigre» Acosta podrían beneficiarse del 2×1 y reducir sus penas.

Estafa moral

Tras conocerse la decisión, Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora lamentó: “no les importa nada, basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto”.

Por su parte la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto dijo que “es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es una lucha a la que falta y esto es un retroceso. Es una justicia impura”.
Carlotto anticipó que la entidad que dirige hará una “feroz denuncia” a nivel internacional “contra la Justicia argentina” a raíz de ese falló y consideró que la decisión es “abominable”.

“Vamos a hacer una denuncia feroz contra la Justicia argentina”, aseveró Carlotto en declaraciones a la radio AM750.

“Hay un pueblo que tiene que salir a denunciar esto a nivel internacional” dijo, y remarcó que “esto se tiene que saber y saber qué piensa la Organización de Naciones Unidas (OEA) y los organismos serios y responsables”.

“¿Qué clase de delito de lesa humanidad se constituyen en un genocidio del terrorismo de Estado cuando los equiparan con cualquier preso común, que roba una gallina, pan o una leche para los hijos?”, se preguntó irónicamente la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La titular de Abuelas vinculó esa decisión al gobierno de Mauricio Macri y afirmó que éste “quiere borrarnos de la historia”.

“Este gobierno ha traído el olvido y el desprestigio” y “hasta han tratado de curro a los derechos humanos”, lamentó. “El Gobierno ahora quiere fusilarnos en una movida tan terrible como el 2×1”.

«Amnistía encubierta»

Referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares, Hijos y la APDH, entre otros organismos defensores de los Derechos Humanos condenaron la decisión de la Corte Suprema y advirtieron que “abre la puerta a la impunidad de los genocidas” y posibilita la reducción de penas a condenados por apropiaciones de bebés.

Para las organizaciones el fallo significa una “amnistía encubierta” a los represores.

“La Corte confirma el cambio de paradigma que se dio en el país desde que asumió Mauricio Macri, posibilita que nos crucemos en la calle con los asesinos de nuestros padres y no lo vamos a permitir”, advirtió Carlos Pisoni, de Hijos.

Los organismos evalúan convocar a una movilización y el posible pedido de juicio político a los jueces que votaron a favor del fallo.

Gobierno respeta el fallo

Por su parte el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, aseguró este miércoles que acataba el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y expresó: “tenemos que ser respetuosos, es un fallo del máximo órgano de la Justicia”.

Avruj agregó que “el gobierno sostiene la independencia de la Justicia”, y que, por ese motivo, debía “acatar el fallo” del máximo tribunal.

“Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Siempre sostuve que los derechos humanos son para todos por igual, y, si los integrantes del tribunal consideraron que el marco legal permitía eso, tenemos que respetarlo”, precisó.