Eurodiputados contra la política de Uribe

«A los liberales nos preocupa que Uribe haya elegido luchar sin leyes contra la falta de ley», declaró el presidente de ese grupo, el británico Graham Watson en una conferencia de prensa junto con otros diputados europeos e invitados colombianos.

Watson justificó la oposición de su grupo a la comparecencia de Uribe por estimar que «no se puede luchar contra el terrorismo reduciendo los espacios legales», tras haber mencionado la relación entre militares y paramilitares y el plan de desmovilización de estos últimos que los dejaría en la impunidad.

Para el francés Francis Wurtz, jefe del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (IUE), la visita de Uribe al Parlamento Europeo es «incomprensible e injustificable» porque «está intentando obtener la luz verde de la Unión Europea para su política, con la que quiere crear condiciones de impunidad de los paramilitares».

La visita de Uribe es «inoportuna» porque «hay demasiadas preguntas en suspenso sobre violaciones de derechos humanos», y «la paz y la justicia no pueden conseguirse con medidas que cuestionen las garantías constitucionales», añadió la copresidenta del grupo de los verdes, la belga Monica Frassoni.

Su colega francés Alain Lipietz llamó a que la «maniobra de blanqueo del Estado» que supone la desmovilización paramilitar «no confunda ni a la comunidad internacional, ni a la Unión Europea ni al Parlamento Europeo».

El diputado colombiano Gustavo Petro, del Polo Democrático, criticó que Uribe negocie la desmovilización con los paramilitares cuando se ha declarado opuesto a dialogar con terroristas y con los que continúan con la violencia, alegando que en el último año ese grupo fue responsable de 600 muertes.

Petro denunció que tanto los paramilitares como las guerrillas y el gobierno «proponen como salida a la crisis nacional la guerra» y «construyen mecanismos despóticos y autoritarios sobre la sociedad».

Advirtió que Uribe «espera de la UE no tanto la plata sino el aval político para un acuerdo que permite la impunidad» para los paramilitares.

La ex alcaldesa de la localidad de Apartadó, Gloria Cuartas, denunció la impunidad existente tras la muerte de 1.200 personas en ese municipio y defendió que los grupos paramilitares no son otro actor del conflicto, como cree Uribe, sino «una estrategia de Estado».

Yolanda Pulecio, la madre de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla de las FARC, volvió a criticar la política de Uribe, y la hija de Betancourt, Mélanie Delloye, añadió que el presidente «evita su responsabilidad de liberar a los secuestrados colombianos impidiendo un acuerdo humanitario» y «justifica su acción con cifras». *