La CIDH emite su primera condena a Brasil por esclavitud moderna

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) órgano jurídico de la OEA (Organización de Estados Americanos) condenó Brasil por un caso de trabajo forzoso y trata de personas en una granja en el estado de Pará, que implica 85 empleados que debieron ser rescatados en el 2000.

Después de 16 años, el tribunal continental, con sede en San José de Costa Rica, concluyó que el Estado brasileño permitió los graves abusos laborales registrados en la Hacienda Brasil Verde, un hecho que catalogó como esclavitud y trata de personas por las condiciones y denuncias realizadas desde 1989.

Brasil se convierte así en el primer Estado del continente americano en ser condenado por tolerar la esclavitud en sus formas modernas.

La resolución

La CIDH ordenó indemnizar a los 85 trabajadores de la hacienda y reanudar las investigaciones internas en Brasil.

La mayoría de las víctimas de esclavitud en Brasil son llevadas a las haciendas con una promesa engañosa de buenos salarios y adecuadas condiciones de trabajo.

Durante una audiencia realizada el pasado mes de febrero en San José, testigos indicaron a los jueces que los empleados de Brasil Verde no podían abandonar su puesto de trabajo, tenían largas jornadas laborales y poco descanso, no les pagaban un salario decente y tenían malas condiciones de vivienda, alimentación y salud. Los funcionarios aseguraron ser vigilado por guardias armados y ser amenazados de muerte constantemente.

La resolución del caso sostiene que los empleadores retuvieron las cédulas de trabajo de los obreros y les hicieron firmar documentos en blanco. Y detalla que los trabajadores fueron reclutados por un traficante de personas en las localidades más pobres del país y viajaron varios días en autobús, tren y camión hasta llegar a la hacienda.

De acuerdo con la sentencia de la CIDH, «el gobierno brasileño demostró no haber adoptado medidas específicas y no actuar con la debida diligencia para prevenir la forma contemporánea de la esclavitud a la que estas personas se enfrentaron, o para poner fin a esta situación», aún sabiendo del caso.

La CIDH indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado brasileño haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Por daño inmaterial, el tribunal fijará la suma de US$ 30.000 para cada uno de los trabajadores presentes en la inspección de 23 de abril de 1997 a la granja, y US$ 40 000 para cada uno de los 85 empleados de la hacienda Brasil Verde presentes durante las inspecciones del 15 de marzo de 2000.

El caso se refiere a las fechas 1989, 1993 y 1997, cuando las autoridades reportaron «fallas» y «irregularidades» de trabajo en el lugar, tras la inspección en la finca, y al año 2000, cuando los trabajadores fueron finalmente liberados luego de que dos jóvenes huyeron del sitio y reportaron su situación ante el Ministerio de Trabajo.