Dos líderes campesinos fueron asesinados esta semana en Honduras
Los constantes asesinatos de activistas que se llevan a cabo en Honduras convierten al país centroamericano en una “zona prohibida” para ambientalistas.
En Honduras siguen muriendo líderes campesinos por defender sus tierras. Este martes dos ambientalistas hondureños fueron asesinados: José Flores era el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y Silmer Dionosio George era uno de los principales organizadores del grupo.
Ambos fueron baleados por hombres armados y encapuchados el martes por la noche al salir de la oficina del MUCA en la comunidad de La Confianza, en el norte de Honduras, Valle del Aguán.
Al igual que como sucedió con otros ambientalistas asesinados Flores había denunciado amenazas de muerte como consecuencia de su trabajo en defensa de la tierra, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había ordenado al gobierno de Honduras que les brindaran protección a él y a Silmer.
Hace pocos días el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) había exigido el cese de los asesinatos contra sus miembros y que se castigue a los culpables, recordando la muerte de sus líderes ambientalistas Lesbia Yaneth y Berta Cáceres.
“Honduras se ha convertido en una ‘zona prohibida’ para cualquier persona que se atreva a elevar su voz por la protección del ambiente»
Según cifras del Copinh, al menos 113 activistas ambientales fueron asesinados entre 2010 y 2016, lo que convierte a Honduras en el país más peligroso del mundo para el activismo ecológico.
En ese país centroamericano diversas organizaciones indígenas y campesinas, legítimas propietarias de las tierras según la reforma agraria de 1992, se enfrentan a las empresas agroindustriales y a los paramilitares que esas empresas contratan, según informa la ONU. Mientras que otras organizaciones luchan contra las pretensiones de las multinacionales, cuyos proyectos hidroeléctricos y mineros amenazan el territorio y los derechos de pueblos indígenas.
Cifras
Las cifras oficiales señalan que las muertes se agudizaron con el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en 2009 respaldado según la denuncia de los propios ambientalistas por Gobiernos internacionales. Antes de su asesinato en el pasado mes de marzo, la líder indigena Berta Cáceres denunció el apoyo de Hillary Clinton al golpe.
Por su parte la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas advirtió que “Honduras se ha convertido en una ‘zona prohibida’ para cualquier persona que se atreva a elevar su voz por la protección del ambiente. ¿Cuántos activistas más tendrán que ser asesinados antes de que las autoridades tomen acciones efectivas para protegerles o al menos estar dispuestos a conversar sobre esta crisis?”.
Y en ese sentido aseguró “Las autoridades hondureñas debe tomar acciones inmediatas para proteger efectivamente a quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos básicos de toda la población en Honduras. Cualquier cosa menos, solo pondrá bajo peligro mortal a más personas que valientemente defienden los derechos humanos”.
En su página web Aministía Internacional denuncia que el el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se rehusó a tener una reunión con el Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, para discutir la crisis de derechos humanos del país que incluye la ola creciente de ataques contra activistas de derechos humanos
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