PREOCUPACIÓN

ONU advierte que las decisiones del gobierno interino de Brasil perjudican la libertad de expresión

Las medidas adoptadas por el gobierno de Brasil relacionadas al cambio de director de la Empresa Brasileña de Comunicaciones (EBC) y la conversión de la Contraloría General de la Unión (CGU) generan preocupación a los expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

onuLos expertos en libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su preocupación “por las medidas adoptadas por el actual Gobierno federal interino de Brasil, relacionadas con el cambio de director de la Empresa Brasileña de Comunicaciones (EBC) y la conversión de la Contraloría General de la Unión (CGU) en el ministerio de Transparencia, Fiscalización y Control”.

Esas medidas son pasos negativos para un país conocido por su sólido compromiso con la libertad de expresión y de opinión”, afirmó el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de esos derechos, David Kaye.

Por su parte, el relator especial interamericano para la libertad de expresión, Edison Lanza, consideró que en los últimos años los principales avances alcanzados en Brasil en la promoción del derecho a la información se beneficiaron fuertemente del trabajo de la Contraloría. Esa fue la institución que promovió la Ley de Acceso a la Información de 2011, afirmó.

Lanza dijo que, por el vínculo directo de la CGU con la Presidencia de la República, esta institución puede ofrecer una oportunidad de apelación a aquellos que se les ha negado el acceso a la información por parte de ministerios y otros entes federales.

En el mismo sentido, Kaye hizo hincapié en que las organizaciones que proporcionan el acceso a la información y promueven la rendición de cuentas deben ser protegidas de interferencias políticas.

En un comunicado conjunto de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Kaye y Lanza afirmaron que, según las normas internacionales, los Estados deben asegurarse de que los servicios públicos de radiodifusión tengan un funcionamiento independiente. Esto significa que deben garantizar su autonomía administrativa y su libertad editorial.

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