México aprueba leyes de transparencia fiscal que obligará a los funcionarios del Estado a declarar públicamente su patrimonio

La ley crea también un organismo anticorrupción independiente del gobierno central para proteger la información que considere puede afectar a la vida privada de los funcionarios públicos. La iniciativa deberá ser analizada y aprobada por los diputados. El proyecto endurece las penas para los funcionarios públicos elegidos condenados por recibir sobornos y otros tipos de prácticas corruptas, con penas que llegan ahora hasta 18 años de prisión.

Acuerdos políticos

La ley que comienza a tomar cuerpo fue una promesa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el oficialista Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Las organizaciones sociales y algunos legisladores de la oposición proponían la divulgación completa de los datos recabados por los funcionarios pero tanto el partido oficial y el PRI se negaron y recomendaron deja algunos datos personales en secreto. Actualmente en Méjico, los funcionarios públicos no están obligados a divulgar sus declaraciones de bienes.

“Esta legislación es una mejora en comparación con lo que tenemos. No incluye todo lo que pedíamos, pero México podrá tendrá un marco jurídico contra la corrupción más fuerte”, dijo Max Kaiser, un experto anticorrupción integrante de una de las principales organizaciones que impulsó esta iniciativa.

Junto con este proyecto, también se aprobó otros cuatro proyectos de ley para crear un nuevo marco legal para luchar contra la corrupción, incluyendo un fiscal anticorrupción independiente del gobierno, una fortalecida oficina federal de auditoría y tribunales especiales para juzgar casos de corrupción que, desde el soborno de malversación de fondos, le cuesta a la economía de México unos US$48.000 millones al año, ocho veces el presupuesto anual para los programas de desarrollo social, dice los informes oficiales.