La Corte de Apelaciones desaforó al ex dictador chileno

Santiago, AFP

«Se ha dado lugar al desafuero por 13 votos contra 9″, confirmó Ballesteros, en medio de la expectación de la prensa nacional e internacional, en el Palacio de los Tribunales.

Aunque la decisión de desaforar al general Pinochet trascendió el pasado 23 de mayo, cuando lo aprobó la Corte, el veredicto sólo fue difundido oficialmente dos semanas después.

No obstante, la defensa de Pinochet tiene cinco días de plazo para apelar, y el desafuero deberá ser ratificado por la Corte Suprema, algo que podría concretarse a mediados de julio.

«La calificación de si este fallo es histórico o no, corresponde a la gente», agregó Ballesteros, ante consultas de los periodistas, mientras en las afueras del recinto estallaban manifestaciones de júbilo entre los detractores de Pinochet.

«Parecía increíble, pero lo logramos», dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, al conocer el anuncio oficial.

El desafuero fue planteado a la Corte por el juez Juan Guzmán Tapia, para poder interrogar a Pinochet en el marco de una de las 110 querellas interpuestas en contra del ex dictador que investiga: el caso de la «Caravana de la Muerte», una comitiva militar que recorrió varias ciudades del país y fusiló a 74 presos políticos en octubre de 1973, un mes después del golpe que instauró la dictadura militar hasta 1990.

Guzmán Tapia pidió que Pinochet fuera privado de su fuero cuando regresó a Chile tras permanecer 503 días detenido en Londres, luego de que el gobierno británico interrumpió el juicio de extradición del ex dictador a Espana y lo liberó por razones humanitarias, el pasado 2 de marzo.

Durante el «antejuicio» por el desafuero, que se inició en la Corte el 26 de abril, los siete abogados que representaron a los familiares de las víctimas de la caravana militar acusaron a Pinochet de ordenar los fusilamientos.

El abogado Hugo Guriérrez exhibió en la tercera audiencia un documento firmado por el ex auditor del Ejército Gonzalo Urrejola Arrau, quien sostuvo que autorizó el fusilamiento de un preso político por orden de Pinochet, días antes del recorrido de la caravana.

«Esta ejecución se efectuó por orden telefónica de Augusto Pinochet Ugarte», senaló el documento, que el abogado exhibió ante los jueces el 28 de abril.

El jefe de la caravana, el general retirado Sergio Arellano, fue arrestado hace 10 meses por disposición del juez Guzmán Tapia. El abogado Alfonso Insunza, que también intervino en los alegatos por el desafuero, sostuvo que Arellano recibió órdenes directas de Pinochet para fusilar a los prisioneros, sacados de los lugares donde cumplían penas de cárcel dictadas por los consejos de guerra.

El veredicto de la Corte se conoció cuatro días después que Guzmán Tapia interrogó el jueves pasado al ex fiscal del Ejército, general retirado Fernando Torres, para determinar si incurrió en el delito de «obstrucción a la Justicia» durante las investigaciones en torno a los los crímenes de la caravana militar.