Un nuevo fuero podría salvar al acusado general

Santiago, AFP

El ex dictador chileno Augusto Pinochet, desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago, puede librarse de las 110 querellas que le aguardan si renuncia a su condición de senador vitalicio y el presidente Ricardo Lagos promulga una reforma constitucional que le otorgaría un nuevo fuero.

Al perder su inmunidad como senador de por vida, Pinochet quedó expuesto a más querellas, por más de 3.000 muertes y desapariciones de opositores al régimen que encabezó durante 17 años, entre 1973 y 1990.

La defensa del ex dictador de 84 años adelantó que pedirá a la Corte Suprema que restablezca el fuero que lo protege, en su condición de parlamentario.

El veredicto de esa corte, sea cual sea, será la palabra final.

Pero al margen del desenlace judicial del caso Pinochet, el presidente Lagos tiene en sus manos una enmienda constitucional que creó un segundo fuero para Pinochet, ratificada en el Senado y la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo, en una sesión del Congreso Pleno.

La reforma, propuesta por legisladores oficialistas cuando Pinochet fue arrestado en Londres frente a un pedido de extradición de España, crea un estatuto para los ex presidentes de la República, que conservarían un fuero especial si renuncian a ejercer como senadores vitalicios.

Pinochet, que el pasado 3 de marzo regresó a Chile después de 503 días de arresto en Londres, se convirtió en senador vitalicio el 11 de marzo de 1998, un día después de entregar el mando del Ejército que ocupó durante 25 años.

Si Lagos promulga el estatuto, en un plazo no determinado, Pinochet podría acogerse a esa nueva ley y renunciar a su banca en el Senado para adquirir este fuero adicional.

La legislación chilena establece la posibilidad de privar de su fuero a los diputados y senadores, como ocurrió con el senador Pinochet, pero, según algunos analistas, ese mecanismo no incluye a los ex presidentes de la República, que hasta ahora no tenían una inmunidad especial.

Los juristas Alfredo Etcheberry, Alejandro Silva Bascuñán y Francisco Cumplido –ex ministros de Justicia– sostienen, en cambio, que el estatuto de los ex presidentes les extiende el mismo fuero que tienen los parlamentarios, que puede ser retirado por los tribunales.

Cuando la reforma fue planteada en la Cámara de Diputados, tanto el oficialismo como la derecha opositora la aprobaron sin mayores trámites, pero en el Senado surgieron voces disidentes de los legisladores socialistas, el partido del presidente Lagos, que objetaron la condición de ex «presidente de la República» de Pinochet.

Según el argumento de esos legisladores, Pinochet «nunca fue elegido presidente de la República», porque llegó al poder cuando encabezó el cruento golpe militar que culminó con la muerte del presidente socialista Salvador Allende en el Palacio de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.

Lagos no envió ningún veto ni observación al Parlamento tras la ratificación de la reforma constitucional y, desde esta perspectiva, su promulgación se proyectaría como un «salvavidas» para Pinochet.