De la Rúa no puede salir del país

El caso domina casi todo el espacio político y reflotó cuando la semana pasada el ex secretario parlamentario de la cámara alta, Mario Pontaquarto confesó que él personalmente había retirado el dinero para las coimas de la Secretaría de Inteligencia del Estado, cinco millones de pesos (dólares, en esos tiempos), que entregó al senador peronista Emilio Cantarero.

Pontaquarto entregó ayer al juez Rodolfo Canicoba Corral un documento con membrete del Senado Nacional, donde figuran los nombres de los presuntos beneficiarios de la coima, que fue rubricado por Cantarero, a guisa de recibo. Las pruebas periciales y otras diligencias podrán corroborar el valor de esta prueba.

También han sido advertidos que no pueden viajar al exterior el ex titular de la SIDE, Fernando De Santibañes, el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique gestor político de la Ley Laboral de la discordia y cerca de una docena de ex senadores nacionales, supuestamente beneficiados por los dineros del Estado.

El Ejecutivo analiza la posibilidad de derogar la ley de marras pero los sectores empresarios han puesto el grito en el cielo. Es que la norma incluyó nuevas formas de flexibilización en materia de período de prueba, turnos para las vacaciones, aunque también amplió el espacio de las comisiones de fábrica para negociar convenios, novedad que también criticó la CGT oficial y la disidente.

Se supone que si la denuncia es real, es imposible que un soborno de esta envergadura pueda haberse concretado sin el visto bueno de De la Rúa. Su situación al igual que la del ex jefe de la SIDE, se comprometería. No se sabe cuál podría ser el criterio del juzgado en cuanto a aplicar sanciones por cohecho y corrupción o por asociación ilícita, figura que obligará a los sospechosos a estar detenidos mientras se sustancia el proceso oral.

Cuando era auditor general de la Nación, el hoy canciller Rafael Bielsa verificó la ruta de la plata, desde qué bancos salió y cómo se desprendió de ella la SIDE. Cuando le llevó sus conclusiones a De la Rúa, la reacción del entonces mandatario fue la de expulsarlo de sus funciones.

 

Maniobras y presiones

En el Gobierno, por las dudas, tratan de despegarse del padrinazgo del cantor de las cosas que pasaron en el Senado Nacional en el año 2000. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo calificó de «chorro» y que, a su juicio, debía quedar detenido. No es lo que opinó el juez que le permitió salir del país para las fiestas de fin de año ya que por razones de seguridad, envió a su familia al exterior, pero no se sabe a dónde.

No es tampoco la opinión que tienen otros funcionarios, que suponen que este caso dará un golpe muy fuerte al sistema de prebendas tan común en la negociación política de los últimos tiempos y que debería considerarse al denunciante como un «arrepentido», una figura jurídica aquí solo aplicable en casos de terrorismo.

El juez Néstor Oyarbide, que estaba de turno cuando estalló nuevamente este asunto, fue criticado por los fiscales que han hecho todo lo legalmente posible para que la causa no fuera cerrada, por no haber citado de urgencia a otro empleado del Senado Martín Fraga Mancini, quien fue secretario del ex senador peronista Remo Constanzo.

Para entender: Oyarbide fue salvado del juicio político por los mismos senadores que debería investigar. Y otro juez, Carlos Liporaci, a quien Carlos «Chacho» Alvarez le llevó la denuncia de los ilícitos, renunció más tarde cuando las revistas publicaron fotos de su mansión multimillonaria.

Por algo los fiscales chillaron. El denunciante había calificado a Fraga Mancini como «otro arrepentido» pero el aún empleado de la cámara alta con un sueldo de 5.000 pesos mensuales (1 dólar equivale a 2,90 pesos) declaró ayer ante Canicoba Corral y dijo no conocer a Pontaquarto.

Fraga Mancini concurrió a los tribunales como acusado de ser partícipe en el presunto cohecho que se investiga. Fraga había negado hacía tres años en la causa que hayan existido sobornos. Luego fue beneficiado con una falta de mérito por el juez que también favoreció a los senadores, Carlos Liporaci, el 30 de diciembre de 2000.

Se desempeñó como secretario del senador Costanzo, muy comprometido en este feo tema, hasta que éste concluyó su mandato, en diciembre de 2001. Pero el Senado lo volvió a contratar el 21 de enero de 2002 para desempeñarse en el bloque justicialista.

De acuerdo con el anónimo que circuló hace tres años por el Senado  y que se incorporó a la causa  Fraga habría acompañado a Pontaquarto el día que éste fue a retirar el dinero de las coimas a la SIDE y lo trasladó hasta el Congreso. Eso fue el 18 de abril de 2000.

Sin embargo, en Tribunales Pontaquarto dijo que a la SIDE fue solo. Además, existiría un llamado telefónico de Costanzo a Fraga cuando el senador buscaba a Pontaquarto la noche del 26 de abril, día del supuesto pago. Hay trabajo para el juez. La «corporación» como se define al sistema de toma y daca, se defiende. *