Ejecución de Saddam, un dilema para Bush frente al mundo

El presidente George W. Bush, abiertamente favorable a la pena capital, se mostró hasta ahora evasivo respecto a su aplicación al ex dictador iraquí por crímenes de guerra y violación de los derechos humanos a gran escala.

«Tengo mis opiniones personales sobre el modo en que debe ser tratado (Saddam Hussein), pero no soy un ciudadano iraquí. Son los iraquíes los que deben decidir», se limitó a afirmar Bush.

La cautela de Bush parece muy significativa porque proviene de un partidario irreductible de la pena de muerte. Bush fue gobernador de un estado, Texas, que hasta el presente detenta el récord de ejecuciones. «Bush es consciente de que semejante toma de posición es susceptible de crear tensiones» en el escenario internacional, explicó a la AFP el jurista Emilio Vianno.

Es por eso, agregó, que «prefiere dejar en manos de los iraquíes la responsabilidad del proceso, ya que existe la certeza de que los iraquíes no dudarán en ejecutarlo».

«Los iraquíes deben estar involucrados, es necesario que haya un proceso público y tengo confianza en que eso se hará de una manera justa», declaró, por su lado, Bush.

El desacuerdo entre Washington y numerosos países sobre la pena de muerte se manifestó recientemente en torno a la redacción del nuevo Código Penal promulgado por Irak a mediados de mayo, y que reemplazó al antiguo, que databa de 1969.

«Estados Unidos aceptó que la pena de muerte sea retirada del nuevo Código Penal iraquí a pedido de los otros países de la coalición, Gran Bretaña en particular», explica a la AFP Stephen Orlofsky, un juez federal que realizó recientemente una misión en Irak a pedido del departamento de Justicia.

Pero al término de este compromiso, agrega el magistrado, el castigo supremo sigue siendo aplicable a los crímenes cometidos antes de mediados de mayo.

«Saddam cae, pues, bajo la legislación iraquí tal como existía en el momento en el que se cometieron los crímenes», destacó el magistrado, que estima que el ex presidente iraquí podría ser juzgado en Bagdad por el tribunal penal encargado de juzgar los crímenes de guerra del régimen derrocado, cuya creación fue anunciada el 10 de diciembre por el Consejo de Gobierno interino. Además, sostiene el jurista Emilio Vianno, la administración se esfuerza en evitar un proceso internacional, «en el que es grande el riesgo de que comparezcan personas que puedan referirse a una pasada colaboración entre Saddam y Washington» en los años 80. Las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Saddam Hussein no siempre fueron hostiles, en una época en la que Washington consideraba al dictador como «un mal menor» frente al Irán islamita. *