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No más daño

Siendo la tierra y el agua los recursos más importantes que tienen las naciones del tercer mundo, es necesario establecer penas mayores para las empresas multinacionales que causen desastres ambientales. 

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Barro tóxico derramado por Samarco llegando al océano Atlántico.

Tristemente se han vuelto comunes los daños ecológicos generados por transnacionales que operan de manera negligente y soberbia en el tercer mundo. La falta de medidas eficientes de seguridad junto a una total despreocupación por parte de las empresas generan daños irreversibles. Un ejemplo reciente es lo ocurrido el mes pasado en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Dos diques de contención de desechos propiedad de la empresa minera Samarco se rompieron y cuarenta billones de litros de barro tóxico arrasaron con todo a su paso por el río Doce hasta llegar al Océano Atlántico. Ese lodo contiene altas cantidades de plomo, arsenico, cadmio, cromo y niquel que han aniquilado toda especie animal que se encontraba en el río.

En cuestión de días, una reserva de fauna y flora como lo era el río Doce pasó a ser una fosa común, tumba de muchas especies. A este ataque directo contra el medio ambiente se le intentó restar relevancia mediante declaraciones del gerente general de Samarco, indicando que el lodo liberado ante la rotura de los diques no era “toxico”. Me gustaría ver a algún alto mando de la minera tomando un vaso con agua del río Doce… Incluso ante un informe presentado por la ONU se dieron el lujo (Samarco) de afirmar que: “El material analizado no presenta peligrosidad para la salud humana, teniendo en cuenta que no contiene contaminantes para el agua, incluso en condiciones de exposición a lluvias”. A esta empresa, propiedad de los gigantes Vale y BHP Billiton, debería de ser juzgada dos veces, la primera por la atrocidad que causó y la segunda por lo cobarde de intentar restarle importancia a este “Fukushima brasilero”.

Suena bien que los malos paguen por sus delitos y que se respete al medio ambiente, pero para pasar del idealismo a la práctica es necesario crear el delito de “ecocidio”, junto a instituciones internacionales que puedan velar por el cumplimiento de normativas y en el caso de incumplir puedan castigar a los infractores. Por eso mismo primero hay que definir qué se entiende por ecocidio.

El ecocidio es cualquier destrucción extensa, daño masivo o pérdida de ecosistemas de manera deliberada por la acción directa o indirecta de medios humanos en un territorio determinado. Lamentablemente no se incluyó como el quinto crimen contra la paz en el Estatuto de Roma de 1996. Por eso mismo, después de haber definido el concepto, son necesarias tres cosas: La primera sería que los parlamentos de todos los países que tienen yacimientos mineros, petrolíferos o tienen actividades de agricultura extensa reconozcan e introduzcan en sus códigos penales la figura delictiva del ecocidio. También se podría penar como robo agravado ya que en el caso de que ocurra una catástrofe ambiental se le sustrae a la población local la oportunidad de vivir de los recursos naturales como le pasó a los pescadores del río Doce.

La segunda parte consta de crear una corte internacional de delitos económicos, la misma tiene que estar compuesta por magistrados especializados en derecho ambiental junto a activistas de Organizaciones no gubernamentales que vigilarían las actividades de las empresas a lo largo del mundo. La locación de la institución pública internacional deberá ser específicamente en algún país del tercer mundo ya que la experiencia causada por las catástrofes dan mejor visión para llevar a cabo procesos judiciales imparciales. En caso de que la sede estuviera en un país del centro es mucho más factible sufrir la presión de las empresas para que se desechen los juicios, es sabido que muchas campañas electorales en el primer mundo son financiadas por multinacionales, además del lobby que hacen en los parlamentos y gobiernos para después llevar a cabo sus cometidos.

La tercera parte es muy importante, es que los Estados deleguen soberanía hacia esta institución para que ella juzgue los a las empresas causantes de daños al medio ambiente en vez de los mismos países. De esta manera se evita que por presiones o por sobornos los gobiernos nacionales apliquen penas suaves. Es sabido que algunos países pobres por necesidad de capital recurren a estas empresas que conllevan a tratos económicos que les terminan desfavorenciendo a la población y solamente enriquecen a las élites locales, por ejemplo lo ocurrido en Nigeria, donde la petrolera Shell ha derramado más de un millón de toneladas de petróleo durante 50 años en la cuenta del río Niger, fuente de alimentos y trabajo para muchos habitantes de la región. Envenando su entorno, impidiendo su desarrollo y perjudicando su salud, la población nigeriana nunca pudo disfrutar de los beneficios económicos del petróleo de su país, ya que la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell financiaba régimenes dictatoriales como el del general Sani Abacha, que protegía a las empresas de las protestas del pueblo. Cabe destacar que después de muerto se confirmó que este dictador tenía 4.000 millones de dólares en el exterior generados por el robo del herario público y los sobornos obtenidos de empresas extranjeras

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Foto del delta del río Niger contaminado por sucesivos derrames de petróleo. 

Se ha llevado a juicio a esta petrolera y los resultandos han sido infructuosos. En el año 2011 el Programa de Medio Ambiente de la ONU acusó a Shell de llevar a cabo por décadas una gran contaminación que generaba malformaciones, leucemia y muertes prematuras entre la población. Aunque la sentencia fue desfavorable para la empresa, la cual tenía que rehabilitar la tierra y el agua además de compensar económicamente a las comunidades perjudicadas con 1.000 de dólares nunca se llegó a hacer nada. Aún se sigue esperando a que Shell haga alguna de esas cosas…

Por eso mismo es necesario subir la apuesta y establecer multas económicas en base al capital que estas empresas tengan y penas de cárcel para los ejecutivos de las casas matrices en relación al daño causado al medio ambiente. Tomando como ejemplo lo ocurrido en Brasil, se afirma que serán necesarios como mínimo 30 años para poder limpiar la zona afectada por la contaminación. Entonces como mínimo la pena que se les debería imponer a los culpables sería de 30 años. Una simple ley del talión. Nos lastiman, nosotros se lo devolvemos con fuerza. Lo mismo para el plano económico, si una empresa genera 50.000 millones de dólares al año por actividades mineras y es culpable de daño ecológico, bien, entonces la primer multa será por ese monto. Hay que dejar bien en claro que esto no es un juego, no es una simple ofensa, estamos hablando de nuestra tierra, nuestra agua, es lo único que seguramente se le puede asegurar a las generaciones futuras. Para las multinacionales es simple: generan beneficios, reducen costos de producción, contaminan y en el momento que se genera un problema se van y a lo sumo pagan una indemnización que ni alcanza para reparar el daño que durará por décadas. Simplemente dan una limosna a modo de expiar culpas.

La naturaleza tiene derechos pero lamentablemente no tiene voz, por eso se necesita un tribunal para juzgar crímenes ecológicos, estos atentan contra toda la humanidad, porque el daño que se le está haciendo tarde o temprano lo sufriremos todos y ahí no sirve de nada apuntar con el dedo a otra persona o buscar culpables. Aún estamos a tiempo de actuar. El sistema económico actual depreda todo para ser vendido y así obtener ganancias, como si fuera un adicto que sustrae lo que sea para financiar su vicio, la única diferencia es que el vicio de este sistema es el dinero. Se necesita cambiar rotundamente de dirección para sobrevivir. La tierra no fue una herencia dada por nuestros padres, sino un préstamo que nos dieron nuestros futuros hijos.

 

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