Kissinger pidió a militares argentinos apurarse para terminar la "guerra sucia"

Los documentos fueron difundidos el jueves por la ONG Archivos de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés).

«Básicamente, lo que queremos es que triunfen. Tengo una visión anticuada de que hay que apoyar a los amigos. Lo que no se comprende en Estados Unidos es que tengan una guerra civil. Leemos sobre los problemas de derechos humanos pero no el contexto. Cuanto más rápido triunfen, mejor», dijo Kissinger en Washington al canciller argentino, el almirante César Augusto Guzzetti, según un memorando de la reunión celebrada el 7 de octubre de 1976. El Congreso estadounidense se disponía a aprobar entonces sanciones contra Argentina a raíz de informes sobre abusos de los derechos humanos cometidos por la junta militar.

«El problema de los derechos humanos es creciente. Su embajador puede informarle. Queremos una situación estable. No les causaremos dificultades innecesarias. Si pueden terminar antes de que el Congreso retorne, mejor. Cualquier libertad que puedan restaurar ayudaría», dijo Kissinger a Guzzetti.

Esto contradice la respuesta dada por el subsecretario de Estado Harry Shlaudeman en respuesta a las quejas del embajador estadounidense en Buenos Aires de que Guzzetti había regresado «eufórico» al país y «convencido de que no hay ningún problema real con el gobierno estadounidense» por los derechos humanos.

«Guzzetti (sic) escuchó sólo lo que quería escuchar», le contestó Shlaudeman en un cable.

Una comisión de la verdad implementada después de la junta indicó que los militares «desaparecieron» al menos a 10.000 argentinos en la llamada «guerra sucia» contra la «subversión» y el «terrorismo» que se extendió durante la dictadura (1976-1983). Según organizaciones de derechos humanos, los desaparecidos fueron aproximadamente 30.000.

Los dos memorandos difundidos hoy no forman parte de los 4.700 documentos desclasificados en agosto de 2002 por el departamento de Estado.

Fueron obtenidos por los NSA en noviembre pasado, en respuesta a un pedido sobre la ley de libertad de información presentado en el departamento de Estado en noviembre de 2002. *