EN ESPAÑA

Dejan en libertad al ex director del FMI Rodrigo Rato investigado por fraude fiscal, blanqueo y corrupción

El ex vicepresidente del Gobierno de España y ex director del FMI, Rodrigo Rato, fue dejado en libertad por la Justicia de su país, aunque deberá comparecer mensualmente para seguir siendo indagado por “fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares”, según indica la causa.

Rato ha quedado en libertad pero sin pasaporte, por lo que solamente podrá viajar dentro de los países de la Unión Europea; las medidas se han hecho extensivas a su secretaria y su gerente de confianza y presunto testaferro.

El también ex ministro de Economía y ex presidente de Bankia (una de las mayores instituciones bancarias españolas) fue llevado ante el juez, pero volvió a negarse a decarar en tanto sigue sosteniendo que desconoce completamente el contexto de las acusaciones por las que la Oficina Antifraude y la Fiscalía, lo han enviado a prisión.

Un caso para la historia de España

Rodrigo Rato enfrenta la Justicia por una causa centrada en irregularidades fiscales derivadas de los negocios particulares del ex político del Partido Popular y ex banquero con sobornos supuestamente cobrados cuando estaba al frente de Bankia.

Mediante una sociedad española domiciliada en San Roque (Cádiz) y el  exvicepresidente controla la empresa Vivaway, radicada en el paraíso fiscal de Guernsey (Reino Unido), adónde han llegado por los menos 6,5 millones de euros de origen desconocido. El departamento de Hacienda asegura que Rato facturó además servicios de asesoramiento a Iberia, Telefónica y Banco Santander, a través de otras empresas que omitían aportar.

Políticamente ha sido uno de los casos más sonados de la España actual, y desde un primer momento el Partido Popular defendió a quien fuera vicepresidente de su Gobierno. Con el fallo judicial las cosas han cambiado y ahora encumbradas figuras del PP se han mostrado indignadas por la conducta de uno de sus líderes, “por aprovecharse de que sus cargos en beneficio propio” , al tiempo de exigir que “pague su pena”, según publica El Confidencial de España.

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