Corte Federal declara “excesivo e ilegal” espionaje telefónico masivo de la NSA que denunciara Snowden

Según la Corte, la NSA realizó una interpretación “a su antojo” de la Ley Patriota, aprobada después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, ya que la recolección masiva de datos telefónicos, “no está contemplada en la Ley Patriota”, sentenció.

Los millones de datos recopilados por la NSA s “excede el ámbito de lo que el Congreso autorizó» al aprobar la Ley Patriota, dice la sentencia de los tres jueces de la corte, encabezados por el magistrado Gerard Lynch.  Si el Congreso hubiera querido «autorizar un programa de tan largo alcance y sin precedentes, tiene todas las oportunidades para hacerlo, y de forma inequívoca”, añaden los magistrados. Los jueces sin embargo no valoraron si se había violado la Constitución, como afirmaba la demanda.

La denuncia fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que cuestionaba básicamente  la constitucionalidad del programa, empleado a partir de la llamada Sección 215 de la Ley Patriota.

La Ley Patriota caduca en Junio y el Congreso debe decidir

La sentencia se produce apenas a días que el Congreso, ahora en manos de los republicanos, deba decidir si extiende, amplía o suspende, la ley que se aprobó en 2011 y que vence a fin de junio próximo. Los republicanos quieren votar una extensión de la Sección 215 sin cambio alguno. De hecho ya se aprobó en la Cámara de Representantes un proyecto para prohibir a la NSA la acumulación de datos telefónicos de manera masiva, pero el Senado bloqueó luego esa decisión.

Edward Snowden había revelado en 2013 el espionaje masivo de EE.UU. incluso a gobernantes de países amigos, lo que generó situaciones de alta tensión diplomática. El presidente Obama decidió prohibir esa forma de actuación, al menos en los discursos, aunque permitió que los servicios de inteligencia siguieran recopilando información sobre “determinados” Gobiernos extranjeros para conocer sus intenciones. Obama presentó luego un plan para que los datos telefónicos de millones de ciudadanos que tenía la NSA dejaran la agencia y solo permanezcan bajo el control de las compañías telefónicas por un máximo de 18 meses.