Parlamento de Francia vota permitir espionaje telefónico y cibernético de cualquier ciudadano sin autorización judicial

La Asamblea Nacional debe votar el “proyecto urgente” que deja atrás las autorizaciones judiciales imprescindibles, para que los servicios del Estado, espíen a los ciudadanos, a los que considera sospechosos de delitos. El creciente miedo al terrorismo permitirá así el espionaje telefónico y cibernético, y los servicios secretos franceses quedan habilitados para intervenir llamadas, acceder a redes o bases de datos, e incluso obligar a que las operadoras faciliten metadatos en tiempo real, además del contenido de mensajes o conversaciones. Otro aspecto vinculante es el permiso irrestricto para que los servicios estatales usen el novedoso “IMSI CATCHER” que permite captar y registrar todos los datos de celulares y computadoras de toda persona que se encuentre en varios centenares de metros a la redonda de un sospechoso al que se está siguiendo.

El proyecto de Ley, acaba también con otras limitantes, como la entrada a domicilios, que ahora se permitirá con solo una orden administrativa sin necesidad de la judicial, y la colocación de micrófonos en lugares privados, o la instalación de balizas de seguimientos en cualquier vehículo.

Medida “necesaria” para el Gobierno, “liberticida” para los opositores

La medida que el Gobierno califica como “necesaria” plantea en el proyecto que podrán hacer uso de las nuevas disposiciones todas las investigaciones que enfrenten peligros para “la independencia nacional, la defensa nacional, la integridad del territorio” o que puedan afectar “los intereses económicos, industriales o científicos”, de Francia.

La presidenta de la Comisión Nacional de Consulta de los Derechos del Hombre, Christine Lazerges, ha dicho que la aprobación del proyecto pondría “en peligro el Estado de Derecho mediante una deriva liberticida”.

Decenas de organizaciones civiles, además de sindicato de la magistratura y un pequeños grupo de diputados de la oposición, enfatizaron estar en contra y que lucharán contra la medida. Inclusive el Defensor de los Derechos de Francia, Jacques Toubon, Ha dicho en un comunicado que mantiene “reservas” sobre el asunto. Un cuarto millón de firmas ha sido recogido contra la norma y presentado al Parlamento. Los legisladores están en su mayoría a favor, lo que aprobaría la norma: los 288 votos socialistas y los 198 de la UMP, sobre un total de 577, están de acuerdo en aprobarla.