Parlamento aprueba que Ferrocarriles Argentinos sean del Estado en plan de recuperar servicios esenciales

Por 53 votos afirmativos y 2 en contra, aunque también marcadas ausencias en las bancas, los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), el PRO, la UCR y el Peronismo Federal, acompañaron la postura.

“Con esta decisión profundizamos la política de nacionalización del Gobierno, adoptada en los casos de las ex AFJP, Aerolíneas Argentinas e YPF. Ferrocarriles Argentinos beneficiará a las economías regionales, optimizará los costos de flete y generará mano de obra calificada. Quienes venimos del interior sabemos de los efectos negativos que tuvieron las políticas desacertadas de los ’90”, dijo el miembro informante Adolfo Nermejo, del FpV de Mendoza, en declaraciones que reproduce el diario argentino Página 12.

Los usuarios también se incorporan al directorio

La nueva Ley ha tenido algunas modificaciones relevantes, desde su origen en el Poder Ejecutivo, como la inclusión del sistema de pasajeros en una red abierta, y la incorporación de un representante de los “usuarios” en el directorio de la empresa.

La nueva Ley considera “de interés público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas”, así como también prioriza “la renovación y el mejoramiento de la infraestructura y la incorporación de tecnología”, para los ferrocarriles.

La Ley ampara como “objetivo central lograr una red ferroviaria con logística plenamente integrada al circuito productivo regional y enlaces comerciales a los países limítrofes”, lo cual se realizará con un gran “holding” público que incluye a la novel compañía, a la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y Belgrano Cargas y Logística. Como trasfondo, el sector público será en definitiva el responsable de la planificación, ordenamiento, control y gestión integral del sistema carguero y de pasajeros, agrega la fuente.

Las empresas privadas interesadas en participar del negocio ferroviario, podrán hacerlo, e incluso las actuales continuarán prestando servicios pero habrá cambios en los contratos que mantienen con el Estado.