La Iglesia argentina está contra la impunidad

En rigor fueron dos obispos del ala más conservadora de la Iglesia que formularon críticas al primer mandatario, al punto que ayer centenares de católicos laicos hicieron publicar una declaración de respaldo a la decisión presidencial para que caduquen las leyes de obediencia debida y punto final.

El titular del Episcopado, monseñor Eduardo Mirás, consideró, al salir de la reunión, que el Presidente «busca la verdad» y «tiene mucho empeño por que la República salga adelante», al tiempo que convocó a «colaborar» con esos objetivos.

«Sabemos que busca la verdad y que tiene mucho empeño por que la República salga adelante y creo que en esto todos los argentinos, de cualquier bandería política» deben «colaborar», consideró Mirás.

De todos modos, el titular del Episcopado afirmó que en el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se deben «evitar» los «extremos» de «la impunidad» y «la venganza». Así Mirás explicó que la Iglesia abogará por un camino que «en el medio» permita «que las heridas se restañen definitivamente».

Hay algo de enigmático en la definición casi geométrica de un tema clave: no se conoce cómo se concreta. Se sabe que no sólo la Iglesia procura encontrar un camino para separar a las actuales FFAA del pasado.

Mensaje a los militares: Mirar el futuro

En esa dirección ayer Kirchner difundió un programa de modernización de las FFAA, que abarca incluso su doctrina, al hacer suyo un trabajo de varios académicos, casi todos ellos con compromisos con la democracia.

Ese programa busca insertar a los militares en el futuro, dejar que sigan atados a los culpables de las violaciones de derechos humanos. La cúpula castrense que estuvo en el acto, acata. Si comparte o no el criterio presidencial que cuenta con un gran aval de la sociedad, es cosa de objetivas reservas.

Regresemos a los obispos. En rigor, el religioso Mirás negó que en la charla con el Presidente se haya abordado la cuestión de las leyes y que el motivo de la convocatoria tuvo como agenda los problemas sociales, sobre los cuales la Iglesia tiene sus propios criterios.

Para el jefe de Gabinete Alberto Fernández la reunión fue «fructífera» y afirmó que el gobierno se comprometió a «trabajar codo a codo con la Iglesia para solucionar los problemas de la Argentina».

Cosas de la vida: cuando se efectuaba el encuentro, en La Plata, un tribunal que busca la verdad de los hechos ocurridos durante los años de plomo dispuso la detención de un sacerdote que fuera capellán de la policía bonaerense en estos tiempos de terror.

Se trata de Christian Von Wernich, un nazi, no por analogías con su apellido, sino exhibido en los años de la dictadura. Se sospecha que sabe qué pasó con desaparecidos y sobre hijos de madres en esa condición. Se negó ante el Tribunal platense a declarar, amparándose en la carta magna. Familiares de las víctimas rompieron las barreras del juzgado y tiraron huevos al sacerdote que quedó detenido.

La Corte se cubre

Los hechos se suceden uno tras otro. Kirchner ha emitido señales fuertes para que el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia terminen con las leyes de impunidad. En la Cámara baja hay un debate en ciernes para la semana próxima aunque surgen diferencias sobre si es posible derogar los efectos de leyes, así como las de los indultos firmados por Carlos Menem que amparó a lo más granado de la dictadura.

El martes el más alto tribunal abordó extensamente la cuestión y a su término, lo que no es habitual, emitió un comunicado donde reclamó poder decidir sin presiones. Una forma indirecta de decir que éstas existen.

El Poder Ejecutivo le sugiere a la Corte celeridad para expedirse sobre las leyes de amnistía. Para los analistas, el tribunal no puede hacerlo en poco tiempo, porque no logra formar mayoría en ningún sentido. Es discutible: si hay vacantes, ahora o más tarde, y las habrá, está el recurso de designar conjueces.

Lo que desagrada a los supremos –uno de ellos Eduardo Moliné O´Connor en trámite de juicio político que arrastraría a dos más–, es que Kirchner los expone continuamente ante la opinión pública.

La intención de los supremos fue la de señalar que se está ocupando del tema que le pide el Gobierno, pero que no puede hacerlo en este contexto de renovación del Tribunal.

Fue Kirchner el que hace dos meses sacó nuevamente al ruedo el debate sobre la cuestión militar. Y el pedido de detención preventiva que giró el juez español Baltasar Garzón agudizó su intensidad. Para una sentencia, habrá que aguardar hasta setiembre u octubre, luego de la incorporación de Eugenio Zaffaroni, que está propuesto para cubrir la vacante de Julio Nazareno, quien dimitió antes que lo enjuicie el Parlamento.

El Tribunal está dividido, además. En favor de enviar la causa a la Cámara de Casación y dilatar la solución definitiva votaron Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Guillermo López y Adolfo Vázquez. Si ingresa Zaffaroni pueden ocurrir dos cosas: la primera, que le dé el quinto voto a esa posición; la segunda, que arme una mayoría para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Contará con el apoyo de Boggiano, Maqueda y, eventualmente, Petracchi y Fayt. Son estos dos jueces los que parecen tener la decisión, ante las posiciones más rígidas de sus pares., nueve en total.

Fayt, que es el actual titular de la Corte Suprema, ayer dio una señal que el Poder Judicial no es ajeno a las preocupaciones del Gobierno al subrayar que el poder del cuerpo que preside «no sólo es un tribunal excepcional para causas excepcionales, sino también un poder del Estado». Y añadió: «Trataremos de cumplir nuestra función para el bien del país». Veremos. *