Chile procesa otros seis agentes de la dictadura de Pinochet por homicidio de jóvenes opositores
Seis agentes que trabajaban para la dictadura de Augusto Pinochet, y que mataron al menos a dos jóvenes militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, en 1989, fueron procesados por la Justicia chilena. La causa cierra una nueva página en la búsqueda de verdad y justicia que se han impuesto los chilenos para con los 1.192 detenidos desaparecidos durante el régimen que controló el país entre 1973 y 1990.
El juez Mario Carroza, encontró elementos suficientes para desacreditar la versión inicial dada a conocer en un comunicado de la época, según la cual los militantes del MIR, Eric Rodríguez e Iván Palacios, murieron en un enfrentamiento armado con agentes de la Central Nacional de Informaciones. Los hechos ocurrieron en realidad tras una emboscada, donde los agentes Humberto Leiva Gutiérrez, Hugo Acevedo Godoy, Luis Arturo Sanhueza Ross, Víctor Caro Pizarro, Armando Ávila Fierro y Juan Farías Orellana, lograron capturar a los jóvenes. Distintas versiones posteriores, han demostrado que los militantes del MIR, cayeron vivos y casi sin resistencia, pero éstos los mataron y cambiaron el aspecto del lugar para “aparentar la ocurrencia de un enfrentamiento entre los agentes de seguridad y las víctimas”, dice la sentencia judicial.
Apenas después de procesar homicidas de la Caravana de la Muerte
La condena se conoce apenas dos semanas después que el ex vicecomandante en Jefe del Ejército, y ex senador designado Santiago Sinclair, fuera procesado en calidad de autor de 12 homicidios calificados, cuando la “Caravana de la Muerte” pasó por Valdivia.
La sentencia de la juez Patricia González incluyó también a los militares en retiro Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitia, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera, todos involucrados en un consejo de guerra que condenó y fusiló 12 detenidos en la cárcel pública de Valdivia, el 4 de octubre de 1973.
Los sentenciados están presos en la Batallón de Peñalolén, a la espera que la Corte de Apelaciones resuelva sobre los descargos presentados en relación a su caso.
La “caravana de la muerte” a cargo del general Sergio Arellano, tuvo por cometido oficial “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia”, siguiendo la decisión de Augusto Pinochet de no tener “piedad con los extremistas”. Como consecuencia de la caravana fueron torturadas y asesinadas al menos 71 personas. En 1998, basándose en las querellas dentro del caso, el juez español Baltasar Garzón, ordenó a detención de Pinochet en Londres, bajo los cargos de secuestro y homicidio calificado.
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