ONU estudia marco jurídico global para canjear deuda sin “buitres” y ni especuladores
Los técnicos de los países miembros de Naciones Unidas comenzaron a estudiar el primer documento a nivel global para que las naciones endeudadas puedan renegociar sus adeudas sin caer en manos de “fondos buitres” ni de especuladores.
La propuesta argentina fue elevada al máximo órgano internacional, que ahora deberá estudiar los alcances y posibilidades de que las naciones en problemas logren sortear las implicancias que sus papeles emitidos, caigan en manos especulativas. Los pormenores del documento, fueron revelados por el diario argentino Página 12, quien publica que en definitiva “el objetivo central es minimizar el accionar carroñero del sistema financiero internacional”.
Los puntos clave de la propuesta argentina
El documento, elaborado por la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, establece entre otros puntos la creación de la Comisión Veedora, a cargo de tres países, que mediará entre las partes supervisando la negociación. De este modo se relegitima la reestructuración ante la comunidad mundial.
Los términos financieros para la deuda, que decida un país, como quitas de capital, reducción de intereses y extensión de plazos, alcanzarán al cien por ciento de los acreedores, si la adhesión a la oferta es mayoritaria, entiende el proyecto.
“La ausencia de un marco legal multilateral para conducir las reestructuraciones de deuda soberana permitió a un pequeño grupo de fondos altamente especulativos y litigiosos desplegar estrategias abusivas con el fin de obtener ganancias extraordinarias bloqueando los esfuerzos estatales legítimos destinados a hallar soluciones eficientes, equitativas, legales y sustentables para sus crisis de deuda”, dice el documento argentino al que accedió en exclusiva Página 12.
El plan incluye que la posibilidad voluntaria de adhesión a un convenio internacional al que los países se comprometerán a respetar, aunque no será vinculante. El convenio garantizará los derechos de los estados soberanos, codificando reglas legales generales existentes.
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