Reclamo de amnistía para los luchadores sociales condenados

Son 40 organizaciones que, basadas en el criterio oficial de que no se debe «criminalizar la protesta» pidieron una entrevista con el presidente Néstor Kirchner para presentarle un proyecto de ley que permitiría el desprocesamiento de esos miles de militantes y activistas y fijaría las pautas a seguir por parte de las fuerzas de seguridad, funcionarios políticos y especialmente para los magistrados del Poder Judicial.

De hecho, el tema es parte de las movilizaciones callejeras se registran casi a diario por esta Capital y el Gran Buenos Aires, que incluye cortes de calles y rutas.

Lo que se busca es posibilitar una amnistía de los hechos que ocurran a partir de reivindicaciones sociales, económicas, políticas, gremiales, de derechos humanos o estudiantiles.

Estos hechos pueden ser cortes de rutas u otras vías públicas, escraches, movilizaciones contra la represión o por la libertad de personas detenidas, acciones orientadas a suspender desalojos de familias o trabajadores, movilizaciones de ahorristas, por entrega de alimentos o por reclamos gremiales, huelgas o paros, intentos de paralización de subasta de bienes de productores, especialmente rurales, y ocupaciones de inmuebles por familias carenciadas, la actividad de asambleas populares, la puesta en producción de empresas o la instalación de comedores escolares. Para los letrados que asesoran en este reclamo la amnistía es el concepto más adecuado para plasmar la propuesta. Como hay un recuerdo ominoso, la autoamnistía que se dictaron los militares de la dictadura  »ley» que fue derogada por el Parlamento  hubo cierta resistencia. De todas maneras, los peticionantes la prefieren al indulto, una potestad que tiene el presidente.

Es que con esta figura se borra la pena de un delito que ya fue sentenciado y condenado en tanto amnistía despenaliza un hecho, sea cual fuere el estado de la causa, elimina la criminalización de determinados hechos que tal como están descriptos pasan a no ser punibles.

La amnistía es general mientras que el indulto requiere individualizar los casos. También reclaman el «desprocesamiento» como consigna popular al de «amnistía de los luchadores», que incluye a quienes todavía no están procesados y a quienes ya han sido condenados.

Las organizaciones redactaron una carta dirigida a Kirchner en la que describen los efectos sociales de la implementación del modelo «neoliberal» por parte de los sucesivos gobiernos, y puntualizaron que «el pueblo» no permaneció pasivo ante la profundización de los ajustes. Estas demostraciones se plasmaron en puebladas, huelgas, escraches y cortes de ruta, que tuvo su expresión más elevada la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001.

La represión de las diversas manifestaciones tuvieron hasta ahora un saldo de 50 muertos.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lleva contabilizados casi tres mil procesos abiertos. Varios ya tuvieron sentencia, como el de Marina Schiffrin, la maestra que fue procesada por cortar un puente en Bariloche durante una manifestación en defensa de la escuela pública, además de los condenados Emilio Alí y Raúl Castells, ambos presos en varias oportunidades pero ahora en libertad.

Pero en los próximos meses llegarán a juicio oral o quedarán firmes muchas sentencias. En tal sentido, es cada vez más frecuente que el reclamo por trabajo, comida, salarios o educación sea acompañado por la exigencia del «desprocesamiento» de los dirigentes y militantes afectados.

Los impulsores del proyecto entienden que el accionar represivo acudió al aparato judicial para sostener la continuidad de la persecución desplegada en las calles, en lo que fue denominado «criminalización de la protesta social». Kirchner aludió en estos mismos términos al fenómeno en su discurso de asunción, para dejar sentada su oposición a que durante su gobierno siga consumándose. Y el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, repitió el compromiso cuando tomó juramento a su gabinete.

Las organizaciones sociales cuyos integrantes son víctimas de esta criminalización quieren decirle al Presidente que hasta ahora no hubo ningún gesto concreto para materializar el compromiso, y por eso presentan el proyecto de ley como una manera de aportar la que consideran una solución de fondo. Piensan que Kirchner podría hacer propio el proyecto.

El Presidente se ha reunido hace pocas semanas en la casa de Gobierno con casi todas las organizaciones de piqueteros, con la CTA y entidades defensoras de los derechos humanos.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, levantó el miércoles imprevistamente un encuentro con una docena de legisladores nacionales donde se debía abordar este reclamo así como el de la libertad sindical, una demanda que es de la CTA con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Existen unas dos mil entidades sindicales de base que al no tener reconocimiento del Ministerio no pueden negociar sus reivindicaciones, al menos que se sometan al dictado de las direcciones nacionales de los sindicatos, que poco y nada se ocupan de esas demandas. Aparentemente Kirchner no quiere, al menos en lo inmediato, confrontar con el viejo aparato gremial del peronismo que dirige las dos ramas de la CGT. *